La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como las de su hermano, uno de sus hijos y ocho exfuncionarios del organismo, en medio de una investigación por presuntas irregularidades financieras y posibles actos de corrupción relacionados con contratos electorales.
La medida forma parte de una investigación que alcanza a 25 personas físicas y 15 empresas, incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tras detectarse operaciones financieras consideradas de riesgo.
De acuerdo con información publicada por Proyecto Puente, Milenio y López-Dóriga Digital, el bloqueo involucra a familiares de la exconsejera presidenta, antiguos directivos del INE y empresarios vinculados con compañías proveedoras de materiales electorales.
Bloqueo alcanza a familiares de Guadalupe Taddei
Entre las personas incluidas en la lista figuran Humberto Taddei Zavala, hermano de la exfuncionaria electoral, y Luis Rogelio Piñeda Taddei, uno de sus hijos, quien se desempeñaba como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Piñeda Taddei presentó su renuncia al cargo el miércoles 11 de noviembre, después de que trascendiera el congelamiento de sus cuentas bancarias.
La investigación también comprende a los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, vinculados con empresas contratistas del INE y señalados por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública.
Según los reportes periodísticos, las medidas de bloqueo quedaron registradas en el acuerdo UIF/110/G/4141/2026.
Ocho exfuncionarios del INE, bajo investigación
La intervención de la UIF también alcanzó a ocho antiguos servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, algunos de ellos responsables de áreas administrativas, financieras y de contratación.
Entre los señalados aparecen Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración; Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros, y Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales y Servicios.
También figuran Iliana Araceli Hernández Gómez, José Alberto Pérez de Acha, Luis Alberto Bustamante Canizales, Jonathan Navarrete Torres y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona.
Las investigaciones periodísticas relacionan a algunos de estos exfuncionarios con empresas proveedoras del organismo electoral, a través de vínculos profesionales, representaciones legales o presuntas relaciones con contratistas.
Empresas proveedoras, en la mira de Hacienda
Entre las compañías identificadas en los reportes se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Operadora de Maquinaria y Equipos, Bama Productos, TOL Producciones y Comercializadora JVLY.
Las autoridades investigan posibles operaciones financieras irregulares vinculadas con una red empresarial que obtuvo contratos para el suministro de materiales y servicios electorales.
Los hermanos Hernández Casillas aparecen como figuras centrales en los señalamientos sobre presunta simulación de competencia en licitaciones, conflictos de interés y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hacienda presenta denuncia ante la FGR
El 4 de noviembre, la Secretaría de Hacienda confirmó oficialmente la incorporación de 40 personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas.
La dependencia explicó que los análisis financieros permitieron identificar movimientos que ameritan una revisión de las autoridades competentes.
Como resultado, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.
Sin embargo, Hacienda no hizo públicos los nombres de las personas incluidas en la lista. Su titular, Omar Reyes Colmenares, señaló que la legislación financiera impide revelar esas identidades.
Bloqueo no implica responsabilidad penal
La Secretaría de Hacienda aclaró que la inmovilización de cuentas constituye una medida administrativa, preventiva y precautoria, por lo que no acredita por sí misma la comisión de delitos.
Las personas y empresas afectadas conservan su derecho de audiencia y pueden recurrir a los mecanismos legales correspondientes.
El congelamiento financiero abre un nuevo capítulo en las investigaciones sobre las contrataciones del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei, mientras la FGR deberá establecer si las operaciones detectadas constituyen delitos y quiénes tendrían responsabilidad.
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