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Buscan dar protección legal a madres buscadoras ante crisis de desaparecidos

El PVEM plantea una ley para proteger a familias de desaparecidos.

Ante la situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México, el diputado federal Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Protección y Reconocimiento a Personas Buscadoras y Personas Desaparecidas, con el propósito de fortalecer su seguridad, garantizar acompañamiento institucional y evitar que las labores de búsqueda recaigan únicamente en los familiares.

El legislador sostuvo que la propuesta pretende establecer herramientas jurídicas para reconocer la labor de las madres buscadoras y exigir una respuesta profesional y responsable de las instituciones encargadas de localizar a personas desaparecidas.

“Esta iniciativa de ley reconoce a las madres buscadoras y también exige que la parte institucional se cumpla y se den las facilidades de manera profesional y responsable, pues ninguna familia debería sentir que la posibilidad de encontrar respuestas depende únicamente de sus fuerzas, de su tiempo o de los recursos que pueda reunir”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa, Delgado Carrillo señaló que las familias han tenido que asumir tareas de investigación y rastreo ante la necesidad de encontrar a sus seres queridos, por lo que consideró indispensable fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento.

Exigen atención institucional y protocolos para madres buscadoras

El diputado del PVEM advirtió que las personas buscadoras necesitan garantías de seguridad, información clara y procedimientos que les permitan conocer el avance de sus solicitudes ante las autoridades.

Explicó que el proyecto busca establecer mecanismos de atención y protocolos específicos para las madres buscadoras, de manera que puedan recibir orientación, seguimiento y acompañamiento durante los procesos de localización.

“Una madre que se acerca a una autoridad necesita saber quién la atenderá, qué puede hacer y cómo dará seguimiento a su solicitud; dar certeza también es una forma de acompañar”, expresó.

Delgado Carrillo reconoció que numerosas madres han adquirido conocimientos sobre revisión de documentos, exploración de terrenos y procedimientos de búsqueda, actividades que nunca imaginaron realizar hasta enfrentar la desaparición de algún integrante de su familia.

Señaló que detrás de cada expediente existe una familia que espera respuestas y que la participación de los familiares debe ser reconocida sin sustituir las responsabilidades de las autoridades.

Responsabilizan al Estado de conducir las búsquedas

El legislador subrayó que la búsqueda de personas desaparecidas debe mantenerse bajo la responsabilidad y conducción del Estado, mientras que la participación de los familiares debe contar con respaldo y garantías institucionales.

“La búsqueda sigue siendo una obligación y rectoría del Estado, la colaboración de las familias en este esfuerzo solidario es solamente por el corazón, el alma y la intención de búsqueda del familiar que se quiere y que se pide y anhela que regrese a casa”, manifestó.

En ese sentido, reconoció el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las comisiones estatales y las fiscalías especializadas, aunque planteó la necesidad de fortalecer sus capacidades operativas y mejorar la atención a las víctimas indirectas.

Sostuvo que el reconocimiento legal de las personas buscadoras debe traducirse en acciones concretas y no limitarse a disposiciones escritas.

“La distancia entre una disposición escrita y la vida de una familia se mide en lo que ocurre cuando pide ayuda, se mide en la atención que recibe, en la información que puede conocer y en la continuidad de las acciones”, señaló.

Destacan 300 millones adicionales para búsqueda de desaparecidos en 2027

Delgado Carrillo vinculó la iniciativa con el fortalecimiento presupuestal de las instituciones encargadas de la búsqueda y afirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla una ampliación de 300 millones de pesos destinada a la Comisión Nacional de Búsqueda.

De acuerdo con el legislador, estos recursos buscan mejorar la capacidad operativa, la coordinación institucional y la atención a familiares de personas desaparecidas y no localizadas.

“Son recursos destinados a las tareas institucionales, que se traducen en capacidad operativa, coordinación, atención de manera expedita”, explicó.

Indicó que el objetivo es conseguir que los procedimientos de búsqueda sean más accesibles, rápidos y menos desgastantes para las familias, mediante una mayor participación de las autoridades competentes.

Admiten que nueva ley no resolverá todas las demandas

El diputado reconoció que la iniciativa representa únicamente un primer paso frente a las necesidades de las familias, por lo que deberá acompañarse de seguimiento legislativo, coordinación institucional y mecanismos de evaluación.

También planteó mantener espacios permanentes de diálogo con las personas buscadoras para incorporar su experiencia en las decisiones relacionadas con los procedimientos de localización.

“Esta propuesta en sí no resuelve completamente las necesidades de las familias, es sólo un punto de partida que requiere trabajo, seguimiento y disposición para corregir y direccionar”, admitió.

Finalmente, Delgado Carrillo aseguró que la intención es garantizar que las madres buscadoras tengan voz en la construcción del nuevo marco legal.

“A las madres buscadoras, hoy queremos decirles que su presencia y su palabra deben tener espacio en esta mesa permanente y la ley que hoy construimos es considerarlas a todas ustedes y que ninguna quede fuera”, concluyó.

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