En una madrugada marcada por la tensión política y la urgencia institucional, el Congreso de la República del Perú aprobó la vacancia presidencial de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, en medio de una creciente crisis de inseguridad y violencia que sacude al país.
En cumplimiento de la línea de sucesión constitucional, el presidente del Congreso, José Jerí, del partido Somos Perú, asumió de manera interina la jefatura del Estado.
La decisión fue adoptada por el Pleno del Congreso con 123 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, reflejando un consenso parlamentario inusual en tiempos de polarización.
Las mociones de vacancia fueron impulsadas por diversas bancadas, incluyendo sectores que anteriormente respaldaban a Boluarte, y se sustentaron en la falta de respuesta gubernamental ante el incremento de la criminalidad y la percepción de impunidad en el país.
Boluarte, quien había asumido la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, rechazó presentarse ante el Parlamento para ejercer su defensa, calificando el procedimiento como “inconstitucional”.
Su negativa fue interpretada por varios legisladores como una omisión grave en el marco de sus responsabilidades como mandataria.
José Jerí, abogado y congresista por Lima, había sido elegido presidente del Congreso en julio de 2025.
Su ascenso a la Presidencia de la República lo convierte en el tercer jefe de Estado del actual quinquenio (2021–2026). No obstante, su nombramiento no está exento de controversia: Jerí enfrenta investigaciones por presunta violación sexual, desobediencia a la autoridad y corrupción, lo que ha generado inquietud en sectores políticos y sociales sobre la legitimidad y estabilidad del nuevo liderazgo.
En su primer pronunciamiento como presidente interino, Jerí se comprometió a “garantizar la continuidad institucional y convocar a un diálogo nacional para enfrentar la crisis de seguridad”.
Se espera que en las próximas horas anuncie la conformación de un gabinete provisional y defina el calendario para una eventual convocatoria electoral, conforme a lo establecido por la Constitución.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en Perú, mientras organizaciones civiles y colectivos ciudadanos han convocado movilizaciones para exigir transparencia, justicia y garantías democráticas en el proceso de sucesión.
La transición presidencial ocurre en un contexto de alta volatilidad política, donde la legitimidad de las instituciones y la capacidad de respuesta del Estado frente a la inseguridad serán puestas a prueba en los próximos días.
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