Diputados de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI denunciaron que se pretende aprobar de manera apresurada la minuta de reformas a la Ley de Amparo, sin cumplir con el compromiso de realizar un debate amplio con juristas y sociedad civil, tal como se había acordado en las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público.
En conferencia de prensa, los legisladores acusaron que las audiencias públicas, previstas para el viernes, sábado y lunes, carecen de claridad y se han convertido en una simulación. El diputado Federico Döring Casar (PAN) calificó la maniobra como una “trampa y argucia” que viola el orden legislativo.
“Así van a querer atropellar a todos los que piensan distinto cuando hagan valer sus derechos, a través de lo que quede del muy menguado y famélico juicio de amparo, con motivo de estas marranadas legislativas de la mayoría artificial de Morena”, expresó.
Por su parte, Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, advirtió que el tema amerita “una discusión reposada y profunda”, y denunció la falta de transparencia en la convocatoria.
“El tema es a quién van a convocar, cuánto tiempo tienen para prepararse los convocantes, qué se va a discutir, si vamos a llamar a los mejores constitucionalistas del país, y esto no está diseñado”, señaló.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI), secretario de la Comisión de Justicia, recordó que el acuerdo de Parlamento Abierto fue desconocido, al circularse el dictamen antes de concretarlo, lo que vuelve “ociosas” las audiencias públicas. Subrayó que debilitar el juicio de amparo representa un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos.
En tanto, César Israel Damián Retes (PAN) advirtió que el dictamen es un proyecto “tóxico” que pretende proteger al gobierno y limitar derechos ciudadanos.
“Si alguien no está de acuerdo con su dictamen, no lo dejan pasar porque les cae mal. Están regateándole el diálogo a la ciudadanía”, dijo.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) alertó que las modificaciones en materia de créditos fiscales afectarán a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), pues se exigirá garantizar el total del crédito fiscal para acceder al amparo.
“Esto rompe con el principio de proporcionalidad y deja en indefensión a quienes menos tienen”, señaló.
A su vez, Yerico Abramo Masso (PRI) precisó que el Código Fiscal aumentará los recargos a 40 por ciento, lo que calificó como una forma de “terrorismo fiscal”.
“Están haciendo una especie de autoritarismo jurídico para garantizar ingresos fiscales y controlar cualquier decisión judicial”, afirmó.
Finalmente, Fidel Daniel Chimal García (PAN) advirtió que las reformas dejarán en la indefensión a la ciudadanía, organizaciones civiles y comunidades ambientalistas.
“La Ley de Amparo, tal como la pretenden modificar, elimina los mecanismos de defensa frente al atropello del Estado”, concluyó.
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