Con la entrada en vigor de la emisión de la CURP Biométrica, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que el uso de datos biométricos exige adoptar las mejores prácticas internacionales en materia de protección de derechos humanos. El proyecto representa un paso decisivo en la digitalización del Estado mexicano, pero también implica riesgos potenciales de vigilancia, vulneración de la privacidad y pérdida de confianza ciudadana si no se establecen contrapesos efectivos.
La nueva CURP, que comenzará a expedirse en todo el país a partir de este jueves 16 de octubre, incorporará huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía y firma electrónica, además del código alfanumérico tradicional de 18 dígitos. La información será gestionada por la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población (Renapo).
Aunque el proyecto busca agilizar trámites, reducir costos y fortalecer la transparencia gubernamental, analistas subrayan que México aún se encuentra rezagado en materia digital. De acuerdo con el Ranking de Competitividad Digital Mundial 2024 del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD), el país ocupa el lugar 59 de 67 naciones evaluadas.
Riesgos por ausencia de controles
Los expertos señalan que sin contrapesos institucionales, rendición de cuentas, control judicial y transparencia, la digitalización masiva puede derivar en un sistema de vigilancia estatal. “El avance de la identidad digital es necesario y bienvenido, pero debe operar con garantías democráticas; de lo contrario, puede poner en riesgo libertades fundamentales”, advirtieron.
Durante el periodo extraordinario del Congreso, celebrado entre el 23 de junio y el 2 de julio pasados, se aprobaron seis reformas y cuatro nuevas leyes orientadas a modernizar el sistema digital. Estas normas centralizan información biométrica, fiscal, bancaria, penal, educativa y de salud, que será accesible en tiempo real para autoridades civiles, fiscales y militares. Sin embargo, se carece de controles judiciales sólidos y de mecanismos de transparencia que protejan al ciudadano.
La desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha dejado un vacío institucional en materia de privacidad y rendición de cuentas. La responsabilidad se trasladó a las contralorías internas de cada dependencia, fragmentando la supervisión y debilitando las garantías de protección de datos.
Sanciones excesivas y riesgo para plataformas digitales
La preocupación se extiende al ámbito económico. El Paquete Económico 2026, actualmente en análisis, propone sanciones severas a las plataformas digitales que incumplan con los nuevos lineamientos fiscales, incluyendo la cancelación del RFC y el bloqueo temporal de servicios digitales.
Estas medidas afectarían sectores estratégicos como el comercio electrónico, periodismo digital, banca, telemedicina, educación en línea y transporte. “Sin controles claros, el riesgo es que la fiscalización se convierta en un instrumento de censura y vigilancia masiva”, advierten especialistas.
De acuerdo con el Global Threat Landscape Report 2025 de Fortinet, México fue uno de los países con más ciberataques en el mundo en 2024, con 324 mil millones de intentos de intrusión, lo que acentúa la vulnerabilidad ante un esquema de datos concentrados.
Amparo y desafíos a los derechos humanos
La organización Artículo 19 obtuvo una suspensión definitiva al paquete normativo aprobado en julio, lo que refuerza la preocupación sobre los riesgos a los derechos digitales. Entre las afectaciones señaladas se encuentran la invasión de la privacidad, el debilitamiento de las libertades económicas y de expresión, la incertidumbre jurídica y la exposición a ciberataques.
También se alertó sobre la posibilidad de violaciones a tratados internacionales en materia de derechos humanos y protección de datos.
Recomendaciones para una digitalización democrática
El centro de análisis México Evalúa planteó una serie de recomendaciones para fortalecer el marco jurídico y operativo del ecosistema digital nacional:
- Congreso: crear un organismo rector que garantice los derechos digitales y promueva la adhesión de México al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.
- Ejecutivo: transparentar las medidas de ciberseguridad, implementar auditorías externas y protocolos de acceso a datos personales.
- Poder Judicial: asegurar que toda intervención sobre información privada cuente con orden judicial previa, conforme a estándares internacionales.
- Sociedad civil: fomentar la alfabetización digital, observatorios ciudadanos y campañas de autoprotección en el ciberespacio.
México enfrenta una disyuntiva crucial: aprovechar la digitalización como motor de prosperidad y desarrollo democrático, o permitir que se transforme en un mecanismo de control sin garantías constitucionales.
El reto, coincidieron los especialistas, es que el marco legal y las instituciones estén a la altura de la nueva era digital.
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