El diputado Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa que busca endurecer las sanciones penales contra la tala ilegal, mediante reformas al Código Penal Federal y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La propuesta eleva las penas de uno a veinte años de prisión —actualmente de seis meses a nueve años— y multas de tres mil a veinte mil veces el valor diario de la UMA para quienes realicen desmonte, tala, derribo o destrucción de árboles sin contar con la autorización correspondiente. También se sancionará a quienes excedan el volumen o superficie autorizados o alteren documentos de aprovechamiento forestal.
Cuando los delitos se cometan en Áreas Naturales Protegidas, áreas verdes o involucren especies endémicas o en riesgo, las penas se incrementarán hasta en una mitad, y será obligatoria e imprescriptible la reparación del daño ambiental.
Asimismo, se propone la creación del Padrón Nacional de Áreas Verdes, Áreas de Donación y Superficies Forestales Protegidas, administrado por la SEMARNAT en coordinación con estados y municipios. Quien dañe o construya en estos espacios enfrentará de dos a diez años de prisión y multas equivalentes, además de la obligación de restaurar o reforestar el área afectada con especies nativas y la inhabilitación de cinco a diez años para participar en actividades forestales o comercio de madera.
La iniciativa también fortalece la facultad de la PROFEPA, que podrá presentar denuncias penales inmediatas por actos de tala ilegal, sin perjuicio de las sanciones administrativas.
González Naveda argumentó que la tala ilegal opera a través de blanqueo de permisos, corrupción local y complicidad de autoridades, donde incluso comisariados ejidales gestionan documentos falsos y se ofrecen sobornos a policías para evitar sanciones.
El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis, con el objetivo de cerrar los vacíos legales y garantizar una protección efectiva del patrimonio forestal del país.
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