En un nuevo episodio de tensión bilateral, la encargada de negocios de México en Perú, Karla Tatiana Ornelas Loera, abandonó el país andino este sábado, cumpliendo con la orden emitida por el gobierno de transición peruano tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
La medida fue anunciada el pasado 3 de noviembre por el presidente interino de Perú, José Jerí, quien otorgó un “plazo perentorio” para la salida de Ornelas. La decisión se produjo luego de que el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, concediera asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada junto al expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú confirmó en redes sociales que Ornelas “realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, en cumplimiento de la disposición oficial. La diplomática había asumido la representación mexicana en Lima tras la expulsión del embajador Pablo Monroy en diciembre de 2022, en un contexto igualmente marcado por fricciones políticas.
El gobierno peruano calificó el otorgamiento de asilo como un “acto inamistoso” y una “injerencia directa en asuntos internos”, lo que motivó la ruptura diplomática. No obstante, autoridades peruanas aclararon que las relaciones consulares con México no han sido suspendidas, permitiendo así la continuidad de servicios básicos para ciudadanos de ambos países.
Este episodio se suma a una serie de desencuentros entre Lima y Ciudad de México, en los que las declaraciones de altos funcionarios mexicanos sobre la situación política peruana han sido consideradas por el gobierno andino como intervenciones indebidas. La salida de Ornelas marca un punto crítico en la relación bilateral, con implicaciones para la cooperación regional y la atención consular.
Contexto regional y repercusiones
El caso de Betssy Chávez ha generado reacciones divididas en América Latina, donde el asilo político sigue siendo una figura diplomática sensible. México, históricamente defensor del derecho de asilo, ha reiterado su compromiso con la protección de perseguidos políticos, mientras que Perú insiste en que la medida obstaculiza procesos judiciales internos.
Analistas diplomáticos advierten que la ruptura podría afectar acuerdos bilaterales en materia de comercio, migración y cooperación cultural. En tanto, se espera que ambos gobiernos mantengan canales indirectos para evitar una escalada mayor.
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