El pleno del Senado aprobó por unanimidad —110 votos a favor— la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de enfrentar uno de los ilícitos que más afecta a la población: las llamadas de extorsión y el cobro de piso.
El dictamen, modificado en 20 puntos respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, será devuelto a la colegisladora para su revisión final.
La nueva legislación obliga a que todas las instituciones de seguridad y justicia operen bajo un mismo estándar legal y procedimental.
También prevé la creación y profesionalización de unidades, policías, analistas y ministerios públicos especializados, evaluados y certificados para investigar la extorsión.
Uno de los ajustes centrales fue el aumento de las penas. La minuta original proponía sanciones de 6 a 15 años de prisión, pero estas chocaban con los mínimos establecidos en entidades como Tamaulipas, Ciudad de México, Nayarit o Michoacán.
“Mantener la sanción mínima en 6 años abriría la puerta a la libertad anticipada”, advirtió el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral. Por ello, se elevó el rango a 15 a 25 años.
El dictamen incluye además una pena de 6 a 12 años de cárcel para quien introduzca teléfonos o dispositivos capaces de transmitir señal dentro de centros penitenciarios, una práctica que permite la operación de redes de extorsión desde el interior de las cárceles.
La ley ordena a las autoridades adoptar medidas para proteger a víctimas y testigos, incluyendo el resguardo de identidad, participación remota, notificaciones vía representantes legales y el bloqueo de identificadores como el IMSI o el IMEI, usados para operar equipos móviles vinculados a extorsiones.
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