La prohibición de los vapeadores en México no erradicó su consumo ni debilitó el mercado. Por el contrario, abrió una nueva veta de ingresos para el crimen organizado. Así lo documenta el reporte Humo, Vapeo y Poder, que advierte que la restricción a la fabricación, comercialización y distribución de estos productos trasladó el control del negocio del Estado a los cárteles.
De acuerdo con el informe, el mercado ilícito de cigarros y vapeadores mueve actualmente entre 15 mil y 20 mil millones de pesos al año, una cifra comparable con otras economías criminales consideradas de “mediano impacto”, pero clave para financiar estructuras delictivas.
“El contrabando de tabaco y vapeadores dejó de ser una actividad marginal y hoy es administrado por organizaciones criminales de alto impacto”, señala el documento, que identifica la participación de al menos siete cárteles con presencia nacional.
Prohibición sin control, mercado con violencia
El reporte subraya que la reforma constitucional que prohibió los vapeadores tuvo un efecto inmediato: el crecimiento del mercado negro. Al desaparecer la regulación sanitaria y comercial, el Estado perdió capacidad para vigilar ingredientes, canales de distribución y venta a menores de edad.
“La prohibición no eliminó la demanda; la empujó a circuitos clandestinos, donde la regulación fue sustituida por violencia, corrupción y extorsión”, advierte el análisis.
El documento alerta además que los productos que hoy circulan de manera ilegal pueden contener líquidos adulterados, sin trazabilidad ni controles mínimos de calidad, lo que representa un riesgo adicional para la salud pública.
El consumo ilícito crece
El informe cita estudios del Instituto Nacional de Salud Pública que muestran un aumento del 240% en el comercio ilícito de cigarros en una década en ocho ciudades del país. La participación del mercado ilegal pasó de 8.5% del consumo nacional en 2017 a 20.4% en 2023.
Las ciudades donde el fenómeno es más visible incluyen Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Mérida, León, Hermosillo y Durango, donde confluyen alta demanda y redes criminales consolidadas.
Extorsión y control territorial
Más allá del contrabando, Humo, Vapeo y Poder documenta que los cárteles utilizan la venta ilegal de cigarros y vapeadores como herramienta de control territorial. Comerciantes son obligados a vender determinadas marcas o a pagar cuotas para poder operar sin represalias.
“El mercado ilícito del tabaco y vapeo funciona como una renta estable, sostenida por amenazas y cobro de piso”, señala el reporte, que vincula esta actividad con el crecimiento de la extorsión.
La operación criminal se sostiene, además, en una impunidad estructural. El documento estima que alrededor del 97.04% de los delitos asociados —extorsión, amenazas, lesiones— no reciben sanción.
A ello se suma que 96.7% de las víctimas de extorsión no denuncia, lo que permite la expansión del negocio sin consecuencias legal.
Rutas y logística del humo ilegal
El reporte identifica corredores específicos utilizados para el tráfico de cigarros y vapeadores, muchos de ellos coincidentes con rutas históricas del crimen organizado. Destacan conexiones entre estados productores, centros de consumo y cruces fronterizos como Laredo, El Paso, Nogales y Mexicali, así como puertos estratégicos.
Esta infraestructura logística, advierte el informe, no sólo sirve para el vapeo, sino que puede ser reutilizada para otros tráficos ilícitos, reforzando el poder territorial de los grupos criminales.
La paradoja del Estado
El documento concluye que la prohibición total de los vapeadores generó una paradoja: en nombre de la salud pública, se fortaleció una economía criminal. Sin regulación ni persecución efectiva, el negocio pasó a manos de organizaciones que combinan contrabando, extorsión y violencia.
“El vapeo se convirtió en una fuente estable de financiamiento criminal, útil para mantener operaciones y expandir el control territorial”, sostiene el reporte.
La advertencia final es clara: mientras el fenómeno siga siendo abordado sólo desde la prohibición y no desde una estrategia integral de regulación, fiscalización y combate al crimen, el humo seguirá concentrando poder, pero no en manos del Estado.
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