El Ejecutivo federal enviará al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para establecer un tope a las pensiones y jubilaciones de exfuncionarios de alto nivel en entidades públicas, informó la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián.
La propuesta plantea que ninguna pensión de exmandos de confianza supere el 50% de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo federal. “Estamos hablando de pensiones sin privilegios”, subrayó la funcionaria durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Damián explicó que la iniciativa se sustenta en tres ejes: “austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera”, y aclaró que quedarán a salvo las jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo.
La medida aplicaría a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo.
La presidenta Sheinbaum sostuvo que existen casos de exdirectivos que trabajaron “un año o dos” en cargos de confianza y hoy reciben pensiones de hasta 300 mil pesos mensuales durante 10 o 15 años, lo que representa “más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos”.
Incluso, señaló que en la extinta Luz y Fuerza del Centro hay una persona que “recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión”, es decir, más de 12 millones de pesos al año. “No podemos seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión”, declaró.
Aclaró que la reforma no afectará a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con contrato colectivo, incluidos empleados de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. “Estamos hablando de altos mandos que fueron alguna vez altos mandos y que a la fecha, con recursos públicos, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, puntualizó.
De aprobarse la reforma constitucional, quienes actualmente reciben hasta un millón de pesos mensuales pasarían a percibir alrededor de 70 mil pesos al mes. “El que gana un millón hasta ahora ya lo ganó, pero a partir de que se apruebe, ganará 70 mil pesos”, afirmó.
Exhiben pensiones “exorbitantes”
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó un recuento de las pensiones más altas en el gobierno federal y aseguró que en diversas paraestatales existen montos “exorbitantes”, particularmente en el régimen de confianza.
“El día de hoy les traemos el recuento de las pensiones más grandes que hay en el gobierno federal, algunas de ellas exorbitantes”, expuso.
En Luz y Fuerza del Centro —en proceso de liquidación— hay más de 14 mil jubilados que representan un gasto anual de 28 mil millones de pesos. De ellos, 9 mil 457 reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, y uno percibe poco más de un millón al mes. Además, se subsidia parcialmente el ISR, lo que implica 2 mil 400 millones de pesos adicionales al año.
Según la funcionaria, esta paraestatal concentra “las pensiones más altas de todo el sector público”, con montos que llegan a representar “hasta 140 veces más el promedio nacional”.
En Petróleos Mexicanos hay más de 22 mil jubilados del régimen de confianza, con un costo cercano a 25 mil millones de pesos anuales. De ellos, 144 reciben montos superiores al salario presidencial, lo que implica 1 mil 827 millones de pesos adicionales al año, y 618 casos superan el ingreso bruto asignado al director general. “Hay 618 personas que su pensión es por encima de las de los directores generales, o sea no corresponde a su nivel salarial”, afirmó.
En la Comisión Federal de Electricidad se registran 54 mil jubilados del régimen de confianza, con un gasto anual cercano a 41 mil millones de pesos; 2 mil 199 perciben montos superiores al salario presidencial.
También se reportaron casos en Nacional Financiera, Banobras y Bancomext, donde decenas de jubilados superan el salario presidencial y cientos rebasan los montos más altos del ISSSTE y el IMSS.
Buenrostro enfatizó que se trata de pensiones de altos mandos del régimen de confianza y no de personal sindicalizado.
Con base en las cifras oficiales, el costo anual conjunto de las pensiones revisadas rebasa los 96 mil millones de pesos.
La iniciativa será enviada al Senado en los próximos días y requerirá mayoría calificada para su aprobación, al tratarse de una reforma constitucional.
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