La diputada Azucena Arreola Trinidad (Morena) presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar la Ley del Sistema de Información Crediticia, con el objetivo de que los registros negativos en el Buró de Crédito se eliminen 10 días hábiles después de que las personas liquiden sus deudas.
Actualmente, explicó, la legislación obliga a las sociedades de información crediticia a conservar los datos de los usuarios “al menos durante un plazo de 72 meses (seis años)”, aun cuando el adeudo ya haya sido cubierto.
La propuesta plantea que la información sólo se mantenga durante el periodo de incumplimiento y hasta 10 días hábiles posteriores a que se haya incorporado el cumplimiento del pago.
“Ya pagaste y no te buscan ni los bancos, ni las distribuidoras de autos, ni las tiendas departamentales. No existe una sentencia en tu contra en ningún tribunal, pero sigues teniendo una marca que durante seis años te hace imposible comprar o contratar algún crédito. Esto es obsoleto y punitivo, es invasivo de la privacidad y debe terminar”, sostuvo al presentar la iniciativa.
Enfatizó que la reforma busca que “la dignidad financiera no sea un lujo, sino un derecho”, y reducir lo que calificó como “tiempos de castigo sin sentencia”. A su juicio, la educación financiera debe ser la vía para fortalecer el sistema y no la “asfixia crediticia”.
En entrevista, Arreola Trinidad señaló que la medida beneficiaría únicamente a quienes cumplen con el pago de sus obligaciones. “Hay quienes se esfuerzan, trabajan más y cumplen. Ahora hay que quitarlos del Buró. El objetivo es que, si ya pagaste, en un plazo de 10 días te quiten de esa lista”, precisó.
La legisladora argumentó que el cambio permitiría a los usuarios de servicios financieros acceder nuevamente al crédito, especialmente jóvenes interesados en adquirir una vivienda o un vehículo, y contribuiría a la reactivación económica.
Indicó que la propuesta ya había sido presentada el año pasado, aunque no prosperó. En el actual periodo ordinario fue retomada y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis.
“Desde aquí invito a mis compañeros diputados a que nos ayuden, que la estudien, la revisen. Son casi, según datos de la ENIF, 26 millones de mexicanos que se encuentran en ese estatus de historial negro en el buró”, agregó.
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