El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo urgió a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a diseñar e implementar programas integrales de prevención, detección, atención y erradicación de la violencia escolar en todas sus modalidades: física, verbal, psicológica, sexual y digital.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado de la República, las senadoras Geovanna Bañuelos, Yeidckol Polevnsky, Liz Sánchez y Ana Karen Hernández, encabezadas por el coordinador Alberto Anaya Gutiérrez, solicitaron además garantizar mecanismos efectivos de protección, atención psicológica y acompañamiento legal para las víctimas y sus familias.
La propuesta plantea establecer redes de apoyo escolar con profesionales de salud mental, con énfasis en la prevención del sufrimiento emocional y la reducción de daños dentro de los planteles, así como capacitación permanente para docentes y personal educativo que permita identificar y atender casos desde etapas tempranas.
En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, el grupo parlamentario sostiene que la violencia escolar es ya un problema de salud pública y de derechos humanos, pues sus efectos impactan la salud mental, el rendimiento académico, la estabilidad emocional e incluso la integridad física y la vida de estudiantes.
Advirtieron que la normalización del acoso, la falta de detección oportuna y la ausencia de respuestas institucionales han permitido el crecimiento silencioso del fenómeno, colocando a miles de menores en situación de vulnerabilidad.
Señalaron que, a través de medios digitales, se han documentado agresiones físicas severas, acoso sistemático y humillaciones difundidas en redes sociales, con secuelas emocionales duraderas en niñas, niños y adolescentes.
Entre las principales consecuencias se encuentran ansiedad, depresión, bajo rendimiento, aislamiento social y, en casos extremos, abandono escolar. El problema, afirmaron, comienza a reflejarse también en el sistema de salud.
De acuerdo con los datos citados, alrededor del 32 por ciento de niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años ha experimentado algún tipo de acoso escolar, cifra que podría ser mayor debido al subregistro provocado por el miedo a denunciar y la falta de mecanismos eficaces de reporte.
El PT advirtió que México se ubica entre los países con mayores índices de bullying a nivel internacional, lo que obliga a fortalecer las estrategias institucionales para proteger a la niñez y la adolescencia.
“El establecimiento de entornos escolares seguros requiere un enfoque integral. No basta con reaccionar ante casos mediáticos; es necesario impulsar prevención sostenida, educación socioemocional, resolución pacífica de conflictos, empatía y canales de denuncia accesibles y confiables”, concluyeron.
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