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Impulsan en San Lázaro regulación a venta de boletos para espectáculos

La iniciativa busca frenar abusos, garantizar devoluciones sin costo y dar mayor transparencia bajo supervisión de Profeco.

La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (PRI) presentó una iniciativa para regular la venta de boletos de espectáculos públicos mediante la adición de un nuevo capítulo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, propuesta que fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis.

El planteamiento incorpora el Capítulo VIII Ter, denominado “De la venta de boletos para espectáculos públicos”, con el objetivo de establecer reglas claras para empresas y plataformas que comercializan entradas a conciertos, eventos deportivos y culturales, bajo la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Entre las disposiciones, se establece que las empresas deberán firmar convenios de colaboración con la autoridad para garantizar transparencia, atención al consumidor y cumplimiento de procesos de devoluciones, cancelaciones y cambios sin costo.

La iniciativa reconoce el derecho de los consumidores a solicitar la devolución de su dinero o cancelar su asistencia, así como a realizar al menos un cambio sin costo en fecha, horario, localidad o titular del boleto, conforme a lineamientos que determine Profeco.

Asimismo, obliga a las boleteras a informar de forma clara y verificable las condiciones de compra, incluidos cargos autorizados, y prohíbe la imposición de comisiones adicionales no avaladas por la autoridad.

El proyecto también faculta a Profeco para recibir denuncias, verificar el cumplimiento de la norma e imponer sanciones administrativas en caso de irregularidades.

La legisladora argumentó que, aunque la venta de boletos es un motor económico impulsado por la digitalización, la falta de regulación ha permitido prácticas abusivas, como comisiones excesivas, precios dinámicos y esquemas de reventa que afectan el acceso equitativo a la cultura.

Añadió que la propuesta responde al creciente malestar de usuarios por cargos adicionales injustificados y busca corregir asimetrías en el mercado mediante una intervención regulatoria que proteja los derechos de los consumidores.

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