La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley sobre el Contrato de Seguro, con el objetivo de frenar incrementos excesivos en las primas de gastos médicos mayores, garantizar la portabilidad de antigüedad entre aseguradoras y proteger a las personas adultas mayores.
El proyecto, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, propone adicionar los artículos 44 Bis, 150 Ter y 150 Quáter para establecer que las instituciones de seguros no podrán elevar las primas por encima del porcentaje máximo anual que determine la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con base en criterios actuariales, inflacionarios y de sostenibilidad del sector.
Asimismo, plantea que las personas aseguradas conserven su antigüedad al cambiar de compañía, siempre que contraten un producto equivalente. En estos casos, la nueva aseguradora deberá reconocer los periodos acumulados para efectos de espera y preexistencias.
La iniciativa también prohíbe la cancelación unilateral de pólizas de gastos médicos mayores a personas adultas mayores, salvo en casos de fraude comprobado o falta de pago.
En la exposición de motivos, la legisladora subraya que los seguros son herramientas clave para proteger el patrimonio, la salud y la vida ante imprevistos, al evitar la descapitalización de familias y empresas frente a enfermedades, accidentes o desastres.
Sin embargo, advierte que el sector enfrenta presiones crecientes. En 2024, el número de personas con seguros de accidentes y enfermedades alcanzó 13.9 millones, mientras que las primas de gastos médicos mayores registraron incrementos anuales de entre 22 y 26 por ciento, impulsados por una inflación médica superior al índice general y el encarecimiento tecnológico.
Sandoval Hernández destaca que las personas adultas mayores son las más afectadas, con aumentos que pueden llegar hasta 40 por ciento por ajustes de edad, lo que compromete la economía familiar y limita la continuidad de la cobertura, especialmente para quienes tienen enfermedades preexistentes.
Finalmente, señala que la baja penetración de los seguros en México responde tanto a la falta de cultura de prevención como a condiciones económicas adversas, por lo que consideró urgente fortalecer el marco normativo para ampliar la inclusión financiera, evitar prácticas abusivas y garantizar derechos como la portabilidad de antigüedad.
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