El gobierno de México deberá pagar 270 millones de dólares a inversionistas de la firma petrolera Oro Negro, luego de que una corte en Canadá revirtió una decisión arbitral previa que había favorecido al Estado mexicano en la disputa relacionada con contratos de arrendamiento de plataformas con Pemex.
En agosto de 2024, un tribunal arbitral constituido bajo el extinto TLCAN determinó que no tenía jurisdicción para resolver las reclamaciones presentadas por los demandantes y, además, les ordenó cubrir alrededor de 400 mil dólares por costos del proceso. Sin embargo, los inversionistas impugnaron esa resolución ante tribunales canadienses.
La corte canadiense dejó sin efecto ese laudo y ordenó la indemnización por 270 millones de dólares en una resolución reportada como definitiva e inapelable. De acuerdo con versiones periodísticas, uno de los factores centrales fue que un árbitro no reveló un posible conflicto de interés durante el procedimiento original.
El litigio deriva de contratos firmados entre 2013 y 2017 para el arrendamiento de cinco plataformas marinas. Los inversionistas sostuvieron que en 2015 Pemex presionó a la empresa para reducir tarifas y suspender contratos, y que posteriormente canceló los acuerdos de forma indebida. También acusaron represalias tras negarse a pagar sobornos, señalamientos que han sido parte del expediente arbitral.
El fallo representa un nuevo golpe para la defensa jurídica del Estado mexicano en controversias internacionales. Apenas la semana pasada, una corte de Estados Unidos confirmó otra condena contra México por 47 millones de dólares en favor de la empresa Lion Mexico Consolidated.
Especialistas advierten que estas resoluciones pueden impactar la percepción de certidumbre jurídica para la inversión extranjera y elevar la presión financiera sobre las finanzas públicas, en momentos en que Pemex enfrenta altos niveles de deuda y restricciones operativas.
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