La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación anunció la conformación de un grupo de alto nivel integrado por investigadores, académicos y especialistas que acompañará al Gobierno de México en la evaluación de proyectos vinculados con la soberanía energética, bajo criterios de sustentabilidad ambiental y protección de los recursos hídricos.
Al presentar a los integrantes de este consejo asesor, la titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que la política energética de la actual administración buscará equilibrar producción, desarrollo y responsabilidad ecológica.
“El compromiso de este gobierno es alcanzar la soberanía energética sin comprometer la seguridad hídrica, ni la salud de nuestros ecosistemas”, señaló.
La funcionaria indicó que la instrucción presidencial es respaldar las decisiones estratégicas con conocimiento científico y con la participación directa de especialistas de distintas ramas, ante la complejidad técnica que representan los yacimientos no convencionales y los nuevos esquemas de aprovechamiento energético.
“Este no es un equipo técnico, es un grupo multidisciplinario de expertas y expertos, porque la complejidad de estos temas no permite visiones aisladas”, expresó.
Enfoque integral
Ruiz explicó que el grupo reúne perfiles en geología, ingeniería petrolera, hidráulica, química, tratamiento de aguas, cambio climático, materiales avanzados y recuperación de hidrocarburos, entre otras disciplinas.
Detalló que uno de los principales objetivos será analizar tecnologías que reduzcan impactos ambientales, mejorar procesos industriales y diseñar esquemas de operación compatibles con las condiciones ecológicas de cada región.
Insistió en que el manejo del agua será factor prioritario en cualquier ruta de trabajo, debido a la presión hídrica que enfrentan distintas zonas del país.
“El agua es el eje transversal, desde su inyección y tratamiento hasta su reúso en circuitos cerrados, para no afectar las cuencas ni el consumo humano”, puntualizó.
Participación de instituciones nacionales
Entre las instituciones convocadas se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Tecnológico Nacional de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
También participan centros públicos de investigación, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, además de especialistas provenientes de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y Nuevo León.
La secretaria señaló que la integración del grupo responde no sólo al prestigio académico de las instituciones, sino al conocimiento territorial y técnico acumulado en regiones con vocación energética.
Perfiles especializados
Durante el anuncio se mencionó la incorporación de expertos en hidrogeología, recuperación mejorada de hidrocarburos, tectónica, sedimentación, nanotecnología, ingeniería ambiental, cementación, perforación y caracterización geológica de depósitos minerales.
Entre ellos figuran investigadores como Manuel Martínez Morales, Jesús Humberto Romo Toledano, Samuel Alejandro Lozano Morales, Carlos Aguilar Madera, Emmanuel Luna, María Hernández Medel, Elena Centeno García y Luis Fernando Camacho Obregón, además de la especialista en agua Blanca Jiménez, actual embajadora de México en Francia.
Ruiz subrayó que los nombres presentados representan sólo una primera parte de una comunidad científica más amplia que continuará sumándose conforme avancen los trabajos.
Mensaje de certidumbre
La titular de Ciencia sostuvo que el propósito central es generar confianza pública en torno a las decisiones del Estado y demostrar que la política energética no estará basada en ocurrencias.
“Estamos aquí para dar confianza y rigor científico al pueblo de México. No estamos improvisando, estamos aplicando la ciencia para el bienestar social y la protección de nuestro suelo”, afirmó.
El anuncio se produce en un contexto de discusión nacional sobre cómo incrementar la capacidad energética del país sin profundizar problemas como la escasez de agua, la contaminación industrial o el deterioro ambiental.
Con esta iniciativa, el Gobierno federal busca que la comunidad científica tenga un papel directo en la definición de proyectos estratégicos y en la evaluación de sus posibles impactos económicos, sociales y ecológicos.
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