Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes advirtieron sobre múltiples violencias y vulneraciones que afectan a las infancias en México, muchas de ellas invisibilizadas o subregistradas en las estadísticas oficiales.
Durante la conferencia “Infancias en datos”, realizada en el Centro de Cultura Digital en el marco del 5º Hackatón por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y el 1er Festival de Datos sobre Niñez y Adolescencia, colectivos presentaron hallazgos construidos con fuentes oficiales y datos propios derivados de trabajo directo en territorio.
En materia de violencia letal, la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (SEIINAC) informó que entre 2015 y 2025, en México fueron asesinados en promedio siete niñas, niños y adolescentes al día. En ese periodo sumaron 28 mil 340 víctimas de homicidio o feminicidio. Del total, 73.6 por ciento fueron hombres y 26.4 por ciento mujeres.
Además, señalaron que cada día son asesinadas en promedio dos niñas o adolescentes, pero solo 11.87 por ciento de esos casos fueron investigados como feminicidio, mientras el resto quedó registrado como homicidio doloso o culposo.
Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que diariamente 85 niñas, niños y adolescentes son víctimas de delitos sexuales en el país, con base en una nueva metodología de análisis de datos abiertos del fuero común. También documentó al menos un caso semanal de trata con fines de explotación sexual infantil.
En Chiapas, Melel Xojobal y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) documentaron 570 casos de desaparición entre 2025 y el primer trimestre de 2026. Hasta abril de este año, 55 por ciento correspondía a población indígena y seis de cada diez eran adolescentes mujeres de entre 12 y 17 años.
La investigación también detectó 126 desapariciones múltiples, donde desaparecen varios integrantes de una misma familia; 47 casos de madres jóvenes desaparecidas con sus hijas o hijos pequeños, y 14 denuncias de adolescentes desaparecidos en casas hogar y albergues.
En Los Altos de Chiapas, la organización Vientos Culturales reportó niveles altos de violencia física y verbal, cercanos al 50 por ciento, mientras la violencia sexual se mantuvo entre 10 y 13 por ciento, principalmente contra adolescentes mujeres.
Respecto a salud mental, indicó que los intentos de suicidio bajaron de 24 por ciento en 2022 a 16 por ciento en 2025, aunque las autolesiones permanecieron en 28 por ciento, con mayor prevalencia entre mujeres adolescentes.
En el tema migratorio, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) alertó que entre 2022 y 2024 se vulneró el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes migrantes, debido a la suspensión abrupta de procesos de reunificación familiar a finales de 2024, tras medidas migratorias adoptadas por Estados Unidos.
IMUMI también reportó mayores obstáculos para obtener documentos de identidad en menores con doble nacionalidad, especialmente de origen venezolano, aunque destacó que el acompañamiento legal permitió restituir al menos tres derechos a más de la mitad de los casos atendidos.
En primera infancia, la fundación Junto Con los Niños (JUCONI) señaló que casi la mitad de niñas y niños evaluados presentaron rezagos en su desarrollo, particularmente en contextos de pobreza y violencia familiar.
En tanto, El Poder del Consumidor indicó avances en alimentación escolar, al aumentar la disponibilidad de frutas y verduras en planteles, pero advirtió que persiste la venta de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, además del acceso limitado a agua potable.
Las organizaciones coincidieron en que estas violaciones son prevenibles y demandaron políticas públicas diferenciadas, con enfoque de género, infancia, interculturalidad y movilidad humana, así como fortalecer los sistemas de información y reconocer los datos generados desde la sociedad civil.
Durante el encuentro también participó Ximena Sarahí, quien pidió que las voces de niñas, niños y adolescentes sean tomadas en cuenta en las decisiones y problemas que les afectan.
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