A poco más de un mes de la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó una advertencia directa: los tres gobiernos están obligados a tipificar el soborno y la corrupción como delitos.
Durante la colocación de la primera piedra del proyecto Pacífico Mexinol, en Sinaloa, el diplomático sostuvo que para que las inversiones prosperen se requiere “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”. Añadió que sin esas condiciones el capital privado no avanza.
Johnson remarcó que ninguna empresa compromete recursos en lugares donde las reglas no son claras, no existe transparencia o la rendición de cuentas es opcional. Bajo esa lógica, afirmó que la inversión “sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”.
El mensaje llega en un momento políticamente sensible: el próximo 26 de mayo está prevista una nueva etapa de conversaciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses sobre la revisión del acuerdo comercial. La declaración del embajador coloca el tema anticorrupción como uno de los ejes de presión en la agenda bilateral.
El T-MEC incorporó desde su negociación un capítulo específico en materia anticorrupción, cuyo objetivo es prevenir y combatir el soborno en el comercio y la inversión regional. Especialistas han señalado que ese apartado permite consultas entre socios cuando se perciben incumplimientos.
Además del mensaje político, la postura de Washington coincide con un contexto de competencia por atraer inversiones estratégicas hacia América del Norte, particularmente en energía, manufactura y relocalización de cadenas productivas. En ese escenario, el combate a la corrupción se convierte no sólo en una exigencia legal, sino en un factor de competitividad económica.
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