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FGR advierte que difusión de acusación de EU contra Rocha Moya compromete posible extradición

Ulises Lara señala que no hay pruebas suficientes y que, de proceder, se requeriría desafuero

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la difusión pública de la acusación emitida por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría poner en riesgo un eventual proceso de extradición, al vulnerar la confidencialidad que rige este tipo de procedimientos internacionales.

En conferencia de prensa, el vocero de la institución, Ulises Lara López, informó que la FGR fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que serán analizadas conforme al marco legal mexicano. 

El funcionario subrayó que no se puede proceder sin evidencia suficiente, ya que —hasta ahora— las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas contundentes que sustenten las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios señalados. 

En ese sentido, la FGR inició una investigación para determinar si existen datos de prueba que permitan avanzar en el caso y, en su caso, cumplir con los requisitos legales para una eventual entrega a Estados Unidos. 

Lara López también explicó que, aun cuando se acreditaran elementos, el proceso enfrentaría un obstáculo constitucional, debido al fuero del mandatario estatal. Por ello, cualquier acción penal implicaría primero iniciar un procedimiento de desafuero antes de una posible orden de captura o extradición. 

El señalamiento de la fiscalía ocurre en medio de tensiones diplomáticas, luego de que el gobierno mexicano rechazara la solicitud de detención al considerar que carece de sustento probatorio y cuestionara la divulgación de los nombres de los implicados, lo que —según autoridades— contraviene los acuerdos de cooperación bilateral. 

El caso se originó tras acusaciones de fiscales estadounidenses que vinculan a Rocha Moya y a otros funcionarios con presuntos nexos con el narcotráfico, lo que derivó en solicitudes de extradición actualmente en revisión por el gobierno mexicano. 

La FGR reiteró que cualquier decisión se tomará con base en pruebas y conforme a la legislación nacional, en un proceso que aún se encuentra en etapa inicial.

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