La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una nueva orden de captura contra el ex Presidente Evo Morales, a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentados contra medios de transporte y servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, por su presunta participación en los bloqueos carreteros que paralizaron amplias regiones del país entre mayo y junio.
La decisión representa un nuevo revés para el líder cocalero y profundiza su complejo panorama judicial, apenas semanas después de que un tribunal ordenara también su aprehensión en el proceso que enfrenta por presunta trata agravada de personas, luego de que no se presentara a una audiencia.
Fiscalía vincula a Morales con protestas que paralizaron Bolivia
La investigación sostiene que Morales habría tenido un papel en la organización e impulso de los bloqueos carreteros realizados entre mayo y junio, movilizaciones que provocaron severas afectaciones al transporte, el abastecimiento de alimentos y combustibles, además de pérdidas económicas y una creciente tensión política en el país.
La denuncia fue presentada por líderes cívicos de Santa Cruz y respaldada por el Ministerio de Gobierno, que responsabiliza al ex Mandatario de promover acciones destinadas a desestabilizar al Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Evo Morales rechaza acusaciones y denuncia persecución política
Tras conocerse la orden de captura, Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el Gobierno utiliza al sistema judicial para perseguirlo políticamente y desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
El ex Presidente afirmó que no se dejará intimidar y que continuará acompañando a sus seguidores, quienes mantienen que las acciones legales forman parte de una estrategia para impedir su regreso a la vida política.
Crece la presión judicial sobre el ex Presidente boliviano
La nueva orden de captura se suma al proceso penal por presunta trata agravada de personas, uno de los casos más delicados que enfrenta Morales y que ya había derivado en una orden de aprehensión tras ser declarado en rebeldía por no acudir a una audiencia judicial.
Con ambos procesos abiertos, la situación legal del ex Mandatario se complica mientras Bolivia enfrenta una nueva etapa de confrontación política entre el Gobierno y el sector afín al ex líder del Movimiento al Socialismo (MAS).















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