“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al fijar su postura sobre las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán.
La mandataria dejó en claro que la actuación de las autoridades mexicanas estará sujeta estrictamente a la existencia de pruebas: “La Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana […] o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
En ese sentido, subrayó que el marco legal mexicano establece requisitos claros para proceder penalmente: “Para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”.
Sheinbaum detalló que el 28 de abril por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales fueron turnadas el 29 de abril a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación, conforme al marco normativo vigente.
Sin embargo, señaló que ese mismo día, al mediodía, el Departamento de Justicia hizo público el levantamiento de cargos en el Distrito Sur de Nueva York, acompañado de un documento denominado “acusación de reemplazo bajo reserva”, lo que generó inconformidad en el gobierno mexicano.
“Estos procesos son confidenciales, acorde con los tratados en la materia”, puntualizó, al explicar el extrañamiento expresado por el área jurídica de la Cancillería ante la difusión anticipada de la información.
La presidenta indicó que la FGR, a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, tiene la obligación de analizar la documentación recibida para determinar si existen los elementos probatorios necesarios y la viabilidad de las solicitudes. Además, confirmó que la institución abrió una investigación paralela para allegarse de toda la información que permita verificar si las acusaciones cuentan con fundamento legal.
“Es obligación […] analizar la documentación con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios”, sostuvo.
Al mismo tiempo, Sheinbaum reiteró su compromiso con el cumplimiento de la ley y la Constitución: “Desde que asumí la Presidencia juré hacer respetar la Constitución y las leyes, así como velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional”.
Bajo esa premisa, insistió en que no habrá protección para posibles responsables, pero tampoco se actuará sin sustento jurídico: “Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tampoco se puede actuar sin pruebas”.
En un tono crítico, advirtió que si las acusaciones carecen de evidencia sólida, podrían responder a motivaciones ajenas a la justicia: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones […] es político”.
En el ámbito internacional, la mandataria defendió la postura de México como un país soberano: “México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación, y menos de entreguismo”. Y enfatizó un límite claro frente a actores externos: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Finalmente, sintetizó la posición de su gobierno en tres principios rectores: “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, los cuales —dijo— guiarán la actuación de las instituciones mexicanas frente a este caso.
Deja una respuesta