El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) expresó su respaldo al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) frente a la próxima revisión integral de su contrato colectivo, al advertir la urgencia de atender las condiciones laborales en el sector público.
En conferencia de prensa, el legislador denunció incumplimientos al contrato colectivo, entre ellos la falta de cobertura de plazas vacantes, rezagos salariales y deficiencias en prestaciones, por lo que consideró indispensable que la revisión contractual genere mejoras de fondo para los trabajadores.
Detalló que el SUTIN demanda la homologación de condiciones laborales, respeto pleno a su contrato, un incremento salarial del 8 por ciento y un 4 por ciento adicional en prestaciones. Además, alertó sobre posibles acciones de protesta, incluida una huelga programada para el 30 de mayo.
Ortiz Rodríguez lamentó la persistencia de la precariedad salarial en el sector público y llamó al Gobierno Federal a transformar esta realidad. “No solamente queremos mejores salarios y más prestaciones, sino herramientas e insumos para generar beneficios al país”, sostuvo.
Por su parte, Ricardo Flores Bello, secretario general del SUTIN, indicó que la revisión contractual se centra en la defensa de la materia de trabajo y sus beneficios, y solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Congreso incorporar la energía nuclear en la matriz energética nacional.
El dirigente planteó como alternativa la instalación de pequeños reactores nucleares en la frontera norte, acompañados de plantas desalinizadoras, con el fin de garantizar suministro energético continuo y acceso al agua.
Asimismo, propuso la adquisición de un ciclotrón para la producción de radiofármacos destinados al tratamiento de cáncer, así como el desarrollo de un dispositivo de plasma no térmico para atender heridas graves y evitar amputaciones.
Flores Bello también denunció irregularidades en contrataciones por servicios profesionales y la falta de reconocimiento al mérito laboral, por lo que exigió un contrato colectivo único que garantice igualdad de derechos y prestaciones para todos los trabajadores del sector.
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