Una iniciativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales propone reconocer en la Constitución el derecho humano a la búsqueda de personas desaparecidas, así como establecer la obligación de todas las autoridades de realizar acciones inmediatas y coordinadas para determinar su paradero.
La propuesta, impulsada por la diputada Margarita Zavala Gutiérrez, plantea que las instituciones deben actuar sin dilación, incluso sin que exista una investigación previa del Ministerio Público, bajo la presunción de que la persona desaparecida se encuentra con vida.
Asimismo, establece que, en caso de localizar restos, las autoridades deberán implementar mecanismos para su identificación y preservación en condiciones dignas, hasta su entrega a familiares.
El documento subraya que el Estado está obligado a emplear todos los recursos disponibles y garantizar la coordinación entre instancias, además de permitir la participación de víctimas indirectas, respetando en todo momento la dignidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas.
En la exposición de motivos, se advierte que la crisis de desapariciones ha deteriorado el tejido social en el país. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente hay 127 mil 903 personas cuyo paradero se desconoce.
La iniciativa busca consolidar el marco normativo en la materia al elevar la búsqueda a rango constitucional, lo que implicaría que todas las medidas —administrativas, legislativas y judiciales— se rijan por principios como progresividad, universalidad e interdependencia.
Además, destaca que este reconocimiento también ampliaría la protección a familiares —principalmente mujeres— que encabezan labores de búsqueda, dotándolas de mayores garantías legales.
Zavala Gutiérrez afirmó que el objetivo es que las personas desaparecidas no pierdan su condición de sujetos de derecho y que el Estado refuerce su obligación de buscarlas y proteger su dignidad.
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