El Gobierno de México anunció que adquirirá alrededor de 70 toneladas de café tostado y molido directamente a cooperativas y organizaciones del sector social para abastecer el consumo en oficinas de la Administración Pública Federal, como parte de una estrategia para fortalecer las compras gubernamentales sostenibles y generar mejores condiciones comerciales para pequeños productores.
La meta representa un crecimiento significativo respecto al programa piloto implementado previamente y busca consolidar un esquema de adquisiciones que elimine intermediarios, garantice precios más justos para los cafeticultores y amplíe la participación de cooperativas en las compras del Estado.
El esquema contempla que las dependencias federales adquieran el producto mediante la Tienda Digital del Gobierno de México, bajo criterios homologados de sostenibilidad, trazabilidad y transparencia, además de fortalecer el padrón de proveedores sociales.
Buscan sustituir intermediarios y fortalecer la economía social
El proyecto forma parte del nuevo modelo de compras públicas impulsado por el Gobierno federal para favorecer a cooperativas, microempresas y organizaciones de la economía social mediante mecanismos que permitan competir en condiciones más equitativas frente a proveedores tradicionales.
Funcionarios federales han señalado que la compra institucional de café no sólo garantiza el abastecimiento de las oficinas gubernamentales, sino que también se convierte en una herramienta para impulsar el desarrollo regional y ofrecer certidumbre comercial a miles de pequeños productores.
Durante el programa piloto, el Gobierno comprobó la viabilidad jurídica y operativa del modelo, por lo que ahora busca escalarlo a prácticamente toda la Administración Pública Federal.
El café mexicano, estratégico para el campo
México cuenta con más de 500 mil productores de café distribuidos en 15 entidades del país, siendo Chiapas, Veracruz y Puebla los principales estados productores. El cultivo representa una actividad económica fundamental para comunidades rurales e indígenas y constituye uno de los productos agrícolas con mayor valor social del país.
Con esta política de compras públicas, el Gobierno busca que una mayor proporción del gasto público permanezca en las comunidades productoras, al tiempo que promueve cadenas de suministro más sostenibles y transparentes para el consumo institucional.
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