El narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, envió una serie de cartas a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en las que solicita su extradición a México y cuestiona la legalidad de su condena en Estados Unidos.
De acuerdo con documentos difundidos este lunes, Guzmán Loera —condenado a cadena perpetua más 30 años— aseguró que está “luchando por una extradición a México” y pidió que se respeten sus derechos para regresar a su país.
En las misivas, el capo sostiene que su sentencia fue injusta debido a la supuesta falta de pruebas contundentes durante el juicio, además de denunciar irregularidades en el proceso judicial que, afirma, vulneraron su derecho a una defensa adecuada.
“El veredicto de mi juicio no fue justo”, señala en uno de los textos, donde también argumenta que no se le permitió presentar evidencia que favoreciera su caso.
Reclamo de nuevo juicio y trato equitativo
El exlíder criminal también solicitó la posibilidad de un nuevo juicio y exigió acceso a los documentos presentados por la fiscalía estadounidense para revisar cómo el jurado llegó a una resolución que considera errónea.
Asimismo, insistió en recibir un “trato igualitario ante la ley” durante su proceso de apelación, el cual, asegura, ha enfrentado retrasos de varios años.
En ese contexto, planteó incluso la cooperación entre autoridades de México y Estados Unidos para facilitar su eventual traslado, bajo un esquema legal que permita revisar su caso.
Argumenta mejor trato en México
En sus comunicaciones, Guzmán también sostiene que durante su encarcelamiento previo en México recibió un trato más justo, en contraste con las condiciones actuales en Estados Unidos, donde permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.
Las cartas, al menos tres enviadas en abril y mayo, fueron presentadas sin la firma de sus abogados, lo que indica que el propio Guzmán promovió directamente estas solicitudes ante la corte.
Contexto judicial
Guzmán Loera fue declarado culpable en 2019 por múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, tras un juicio considerado uno de los más relevantes contra el crimen organizado en Estados Unidos.
Desde entonces, ha buscado sin éxito revertir su sentencia mediante apelaciones y nuevos recursos legales, argumentando violaciones a sus derechos procesales.
Su nueva ofensiva jurídica reabre el debate sobre las condiciones de su juicio y la viabilidad de una eventual extradición inversa, un escenario poco común en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
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