El vicepresidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, impulsa una iniciativa para crear la “Estrategia Integral de Prevención y Protección contra la Explotación Sexual Infantil”, con el objetivo de articular políticas públicas, protocolos de actuación y medidas de atención especializada en favor de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta, suscrita también por Ricardo Monreal Ávila y Carlos Alberto Puente Salas, busca fortalecer investigaciones, ejecutar rescates en zonas turísticas y fronterizas, así como garantizar refugios, atención psicológica y reinserción educativa para las víctimas.
El proyecto incorpora acciones de prevención digital del grooming —definido como el engaño y manipulación de menores a través de medios digitales con fines sexuales— y plantea establecer coordinación entre autoridades y plataformas tecnológicas para habilitar mecanismos de reporte, control parental y verificación de edad.
Bolaños-Cacho Cué advirtió que el fenómeno presenta una crisis global, con estimaciones que indican que uno de cada cinco menores ha sufrido daño sexual en línea, impulsado por el incremento de reportes internacionales y el uso de herramientas como la inteligencia artificial para perfeccionar los métodos de captación.
En América Latina, señaló, la vulnerabilidad es mayor debido al desconocimiento del fenómeno, ya que siete de cada diez menores no identifican el grooming, pese a interactuar con desconocidos en entornos digitales. A ello se suma la llamada “cifra negra” del delito, que refleja una brecha significativa entre incidencia y denuncias.
En el caso de México, el legislador destacó que en 2024 se registraron más de 10 mil casos de violencia sexual contra menores en hospitales públicos, con un aumento anual y una alta incidencia en adolescentes mujeres.
La iniciativa propone reformas a diversas leyes para facultar a instancias federales a diseñar e implementar la estrategia, establecer coordinación entre los tres niveles de gobierno y garantizar acciones integrales de prevención, rescate y atención a víctimas.
El documento fue turnado a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictamen.
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