El diputado Javier Vázquez Calixto presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer que los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos o representantes populares no prescriban y puedan ser perseguidos sin límite de tiempo.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, plantea modificar los artículos 109 y 114 de la Constitución Política para que ilícitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito sean considerados imprescriptibles cuando se cometan en el ejercicio del servicio público.
La iniciativa también contempla que esta disposición aplique a personas que, sin tener el carácter de servidor público, estén legalmente obligadas a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos.
Asimismo, establece que los delitos de corrupción quedarán exceptuados de los plazos de prescripción y su persecución será de oficio, sin necesidad de denuncia, querella o autorización previa.
En la exposición de motivos, el legislador del Partido del Trabajo afirmó que la reforma busca fortalecer el combate a los delitos por hechos de corrupción y consolidar un marco jurídico que favorezca el desarrollo transparente y sostenible del país.
“El objetivo es garantizar que el tiempo deje de ser un aliado de la impunidad y se convierta en un instrumento de justicia permanente en favor de la sociedad”, enfatizó.
Vázquez Calixto sostuvo que la corrupción se ha convertido en uno de los principales factores que debilitan la confianza ciudadana en las instituciones públicas y afectan el desarrollo democrático, económico y social.
Explicó que, aunque la prescripción fue concebida originalmente como una garantía de seguridad jurídica, en los hechos ha funcionado como una barrera que impide sancionar delitos que dañan el patrimonio público y el interés colectivo.
El diputado señaló que conductas como el peculado, el desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito representan faltas de especial gravedad porque implican “la traición a la confianza pública”, además de generar impunidad institucionalizada y daños irreparables al erario.
La propuesta, añadió, está alineada con instrumentos y compromisos internacionales que obligan al Estado mexicano a fortalecer las medidas de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
El legislador consideró que aprobar esta reforma permitiría establecer un nuevo estándar de responsabilidad en el ejercicio del servicio público, además de cerrar espacios a la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.
“La implementación de esta reforma generaría un nuevo estándar de responsabilidad en el ejercicio del servicio público”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que eliminar la prescripción reforzará el principio de que el ejercicio del poder público implica una responsabilidad permanente frente a la sociedad y contribuirá a consolidar una cultura de legalidad y responsabilidad política.
“Cada peso protegido de los delitos por hechos de corrupción se traduce en infraestructura, servicios y oportunidades para la población”, concluyó.
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