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Presenta EU cargos contra Raúl Castro por asesinato

*SAN LUIS POTOSÍ LIDER NACIONAL EN INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA Y EFICIENCIA FINANCIERA* *• El estado destaca en la 'Radiografía del Gasto de los Estados 2025' al optimizar recursos, reducir al mínimo el gasto corriente y consolidarse como la entidad que mayor porcentaje presupuestal destina a la infraestructura.* San Luis Potosí se ha consolidado como un referente nacional de eficiencia administrativa y desarrollo al posicionarse en los primeros lugares de la "Radiografía del Gasto de los Estados 2025", una evaluación detallada publicada por el portal especializado politicacolectiva.com. Los resultados de este análisis reflejan el impacto de una estrategia financiera rigurosa impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha priorizado la transformación urbana y el beneficio social directo sobre el sostenimiento de la burocracia. El logro más significativo radica en el rubro de obra pública, donde se ubicó en el primer lugar nacional al destinar el 15.8 por ciento de su presupuesto total a la construcción y mejoramiento de infraestructura. Este liderazgo es el resultado directo de una reingeniería del gasto público orientada por el mandatario estatal para asegurar que el dinero de los ciudadanos se traduzca en proyectos tangibles que eleven la competitividad y la calidad de vida en las cuatro regiones del estado. La fuerte inversión en infraestructura fue posible debido a una estricta política de austeridad y control interno. El informe resalta que San Luis Potosí se convirtió en la entidad federativa que menos porcentaje de su presupuesto destinó al gasto en nómina y contratación de servicios generales, con apenas un 0.6 por ciento del total, demostrando una reducción histórica en los costos de la estructura gubernamental. La disciplina fiscal implementada por la administración de Ricardo Gallardo Cardona también se reflejó en el cumplimiento de las metas anuales, ya que San Luis Potosí gastó un 0.01 por ciento menos de lo originalmente planeado, formando parte del selecto grupo de solo cinco estados en todo el país que lograron mantenerse por debajo de su proyección de gasto. San Luis Potosí también destaca por la ausencia de nuevo endeudamiento, algo relevante en un contexto donde varios estados incrementaron considerablemente el uso de financiamiento. Casos como Durango, Chihuahua y Nuevo León elevaron significativamente el peso de la deuda en sus ingresos. Finalmente, el estudio de politicacolectiva.com muestra un avance positivo en la autonomía financiera de la entidad, ya que durante el 2025 los recursos propios del estado crecieron hasta representar el 11 por ciento de los ingresos totales, disminuyendo la dependencia de los recursos federales, los cuales se ubicaron en un 89 por ciento, en comparación con el 10 y 90 por ciento registrados respectivamente durante el año 2024.

El gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles cargos penales contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996, incidente que dejó cuatro muertos y provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países en las últimas décadas. 

La acusación fue presentada ante una corte federal en Miami e incluye un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos más por destrucción de aeronaves. También fueron imputados otros cinco exmilitares cubanos. 

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Castro —quien en 1996 era ministro de Defensa de Cuba— habría autorizado el ataque contra las avionetas civiles operadas por exiliados cubanos desde Florida. Investigaciones internacionales concluyeron en su momento que las aeronaves fueron derribadas en espacio aéreo internacional. 

El anuncio fue realizado en Miami por el fiscal general interino Todd Blanche, quien aseguró que Washington “no olvidará a sus ciudadanos”. La acción judicial ocurre en medio del endurecimiento de la política de la administración de Donald Trump hacia La Habana. 

Desde Cuba, el gobierno calificó la acusación como una maniobra política y rechazó la jurisdicción estadounidense sobre los hechos.

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