La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de una nueva etapa en dos investigaciones de alto impacto político y judicial que involucran a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa y Chihuahua, en medio de presiones nacionales e internacionales por el avance de casos ligados a presuntos vínculos con el crimen organizado y a un fallido operativo en la Sierra Tarahumara.
A través de un comunicado, la dependencia federal informó que ya se realizan diligencias ministeriales derivadas de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
La FGR precisó que las personas señaladas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.
Rocha Moya, bajo presión judicial y política
La decisión de citar a declarar a Rubén Rocha Moya ocurre en un momento de creciente presión sobre el mandatario sinaloense, luego de que fiscales federales de Estados Unidos lo señalaran por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y por supuestamente haber recibido financiamiento político de esa organización criminal.
La acusación presentada en Nueva York forma parte de una investigación más amplia sobre redes de protección política al narcotráfico y operaciones de lavado de dinero vinculadas con integrantes de Morena y autoridades estatales.
Aunque la FGR evitó detallar los delitos específicos que se investigan en México, el hecho de que Rocha Moya haya sido citado ante el Ministerio Público federal marca un nuevo escalón en el caso y confirma la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
El mandatario solicitó licencia al cargo semanas atrás, en medio de versiones sobre posibles órdenes judiciales y luego del congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con varios de los señalados en el expediente estadounidense.
En círculos políticos de Morena, el caso ha generado preocupación por el impacto electoral y por las implicaciones internacionales que podría tener si avanzan las investigaciones en cortes estadounidenses.
Pese a ello, la FGR sostuvo que las actuaciones se desarrollan “de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
Maru Campos y César Jáuregui también serán llamados
En el mismo comunicado, la Fiscalía confirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno serán citados a comparecer en calidad de testigos.
La diligencia forma parte de la investigación abierta por el operativo realizado los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, Chihuahua.
De acuerdo con la dependencia federal, ambos funcionarios deberán rendir entrevista ministerial debido a “la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo”.
“Están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”, señaló la FGR.
El caso provocó una fuerte controversia nacional después de que durante aquel despliegue murieran dos agentes vinculados con la CIA y dos funcionarios mexicanos, tras un accidente ocurrido en una zona serrana de difícil acceso.
Las investigaciones federales buscan esclarecer las responsabilidades operativas, la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses y la autorización institucional del operativo.
FGR promete transparencia
La Fiscalía aseguró que continuará informando sobre el avance de ambas investigaciones y reiteró su compromiso “con la justicia, la verdad y el combate a la impunidad”.
“La Fiscalía General de la República refrenda su compromiso con la justicia, la verdad y el combate a la impunidad, por lo que seguirá comunicando de manera transparente y oportuna sobre los avances y resultados de las investigaciones en curso”, concluyó la institución.
Los dos casos colocan nuevamente a la FGR en el centro de la agenda política nacional y podrían convertirse en expedientes clave por sus implicaciones en seguridad, relaciones bilaterales y presuntos vínculos entre estructuras de poder y organizaciones criminales.
Deja una respuesta