Después de más de tres semanas sin apariciones públicas, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció este viernes para confirmar que comparecerá ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser citado en las investigaciones derivadas de los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
El mandatario morenista había desaparecido prácticamente de la escena pública desde el pasado 1 de mayo, fecha en la que solicitó licencia temporal a la gubernatura de Sinaloa, apenas dos días después de que fiscales federales estadounidenses revelaran acusaciones en su contra y contra otros funcionarios sinaloenses por supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Rocha Moya sostuvo que acudirá al llamado ministerial “con la frente en alto” y afirmó ser “un hombre probo y que no tiene nada que temer”. También aseguró que su trayectoria política y académica respalda su actuación pública.
La FGR confirmó que citó a declarar a 10 políticos y exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses. Entre ellos figuran el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos identificados como integrantes del círculo político cercano al gobernador con licencia.
El caso escaló desde finales de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntamente recibir apoyo político y financiero del Cártel de Sinaloa a cambio de protección institucional y facilidades para las operaciones criminales de la organización.
Según las acusaciones presentadas en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, el grupo político ligado a Rocha habría favorecido particularmente a la facción de “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades estadounidenses sostienen que existieron redes de protección política, filtración de información y presunto financiamiento ilícito de campañas electorales.
El gobernador con licencia ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones y ha sostenido que se trata de señalamientos sin pruebas. Sin embargo, su ausencia durante más de 20 días alimentó versiones sobre un posible ocultamiento o incluso negociaciones legales con autoridades estadounidenses.
Durante ese periodo, tampoco encabezó actividades oficiales, no concedió entrevistas y limitó sus apariciones a mensajes esporádicos difundidos por redes sociales. Su desaparición de la vida pública provocó cuestionamientos de organizaciones civiles, sectores empresariales y actores políticos de oposición en Sinaloa, quienes exigieron claridad sobre su situación jurídica y paradero.
La crisis política ocurre además en un contexto de fuerte violencia en Sinaloa, donde distintas facciones del crimen organizado mantienen disputas internas desde la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en 2024. El nombre de Rocha Moya apareció precisamente en la carta difundida por Zambada tras su detención, en la que aseguró que el día de su captura acudiría a una reunión con el entonces gobernador y con el exrector universitario y político sinaloense Héctor Melesio Cuén.
Aunque la FGR aclaró previamente que no existían elementos suficientes para ejecutar una detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya, la dependencia abrió una carpeta de investigación y solicitó información adicional al gobierno estadounidense para profundizar en las indagatorias.
Hasta ahora, el gobierno federal no ha confirmado si las comparecencias derivarán en imputaciones formales o solicitudes de captura. La presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado pronunciarse de fondo sobre las acusaciones, aunque integrantes de Morena han cerrado filas públicamente con el mandatario sinaloense.
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