Con el respaldo de la mayoría legislativa, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, cuyo propósito será identificar posibles nexos entre aspirantes a cargos de elección popular y organizaciones criminales antes de los comicios de 2027.
La reforma establece un mecanismo de revisión mediante el cual los partidos políticos podrán someter a evaluación los perfiles de sus candidatos para detectar antecedentes o indicios relacionados con actividades ilícitas, particularmente aquellas vinculadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la comisión trabajará en coordinación con diversas instancias federales, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, que aportarán información para la elaboración de análisis de riesgo.
Los resultados de las evaluaciones no tendrán carácter vinculante, por lo que la decisión final sobre el registro de una candidatura seguirá correspondiendo a los partidos políticos y a las autoridades electorales. Sin embargo, los legisladores promotores de la iniciativa sostuvieron que el mecanismo permitirá fortalecer los filtros internos y reducir el riesgo de que intereses criminales influyan en las elecciones.
Durante la discusión, diputados de Morena, PT y PVEM argumentaron que la medida responde a una demanda ciudadana para blindar las instituciones democráticas frente a la expansión del crimen organizado en distintas regiones del país.
En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron preocupación por la posibilidad de que la información obtenida sea utilizada con fines políticos o electorales. También cuestionaron la falta de reglas claras sobre el manejo de datos y los criterios para determinar qué constituye un riesgo para una candidatura.
La aprobación de esta comisión ocurre en un contexto de creciente preocupación por la presencia de grupos criminales en procesos electorales locales y federales, una situación que ha sido señalada en diversos informes de organismos nacionales e internacionales.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual discusión. De ser avalado, el nuevo mecanismo entraría en operación antes del arranque formal del proceso electoral federal de 2027.
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