La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un paquete de reformas constitucionales en materia judicial y electoral impulsadas por la mayoría de Morena, PT y PVEM, con cambios que impactarán la integración del Poder Judicial y las reglas de los procesos electorales en el país.
Entre las modificaciones más relevantes destaca el aplazamiento de la elección de magistrados y jueces federales prevista originalmente para 2027, la cual se realizará hasta junio de 2028, con el argumento de mejorar la organización del proceso y revisar los mecanismos de selección de candidaturas.
La reforma judicial también contempla cambios en la estructura del Poder Judicial y en los plazos para la implementación de disposiciones locales derivadas de la reforma aprobada en 2024. Asimismo, se modificó el calendario para la renovación de magistraturas electorales.
Uno de los puntos que generó mayor polémica fue la aprobación de una reserva que permitirá que magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan participar en la elección de 2028 y, en caso de resultar electos, permanecer en funciones hasta 2034. La medida fue cuestionada por legisladores de oposición y por algunos integrantes de la propia coalición oficialista.
En materia electoral, los diputados aprobaron una reforma al artículo 41 constitucional para incorporar la “injerencia extranjera” como causal de nulidad de elecciones cuando ésta sea acreditada por las autoridades competentes. El dictamen establece que podrán considerarse actos de intervención externa el financiamiento ilícito, campañas de propaganda, manipulación digital o presiones políticas provenientes del extranjero.
La oposición advirtió que el concepto podría prestarse a interpretaciones discrecionales y abrir la puerta a impugnaciones políticas de resultados electorales, mientras que el oficialismo defendió la reforma como un mecanismo para proteger la soberanía nacional y garantizar la integridad de los procesos democráticos.
Además, durante la discusión se aprobó modificar la fecha de la consulta de revocación de mandato para desvincularla de las elecciones federales, una propuesta impulsada por el Partido del Trabajo.
Con la aprobación en San Lázaro, los dictámenes fueron turnados al Senado de la República, donde Morena y sus aliados cuentan también con mayoría legislativa para continuar el proceso constitucional.
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