A más de un año del endurecimiento de las restricciones contra los vapeadores en México, la organización civil México y el Mundo Vapeando (Mexvap) aseguró que la política prohibicionista no ha reducido el consumo de cigarros electrónicos, sino que fortaleció el mercado negro y abrió mayores espacios de operación para redes de contrabando y grupos delictivos.
En el marco del Día Mundial del Vapeo, que se conmemora el 30 de mayo, el presidente de Mexvap, Juan José Cirión Lee, afirmó que actualmente cerca de tres millones de personas continúan vapeando en el país, pese a la prohibición constitucional impulsada por el gobierno federal. Sin embargo, advirtió que la adquisición de dispositivos y líquidos se realiza ahora principalmente mediante canales informales, sin controles sanitarios ni garantías de calidad para los consumidores.
“Antes de la prohibición constitucional había negocios establecidos que operaban mediante amparos y comercializaban productos importados bajo estándares de calidad; hoy todo ocurre en la clandestinidad”, señaló el activista al advertir que los principales beneficiarios de la medida han sido las redes dedicadas al contrabando y la distribución ilegal.
La organización sostuvo que la estrategia prohibicionista ha generado efectos contrarios a los objetivos de salud pública planteados por las autoridades. Entre ellos, mencionó la permanencia del consumo entre menores de edad, quienes continúan accediendo a vapeadores a través del mercado ilícito, así como un aumento en la venta de productos sin regulación sobre sus componentes o niveles de nicotina.
Mexvap también advirtió sobre las consecuencias económicas de mantener un mercado clandestino. De acuerdo con estimaciones citadas por la agrupación, la falta de regulación ha provocado pérdidas millonarias por concepto de IVA e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de favorecer la evasión fiscal y el comercio ilegal.
Un estudio elaborado por investigadores del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México concluyó que, pese a la prohibición de importación y comercialización, el consumo de productos de vapeo continúa existiendo y representa un mercado de dimensiones relevantes, lo que evidencia la existencia de un circuito paralelo de distribución fuera de los canales legales y regulatorios. El documento señala además que el Estado renuncia a ingresos fiscales potenciales y pierde capacidad para supervisar la calidad de los productos consumidos.
La discusión ha cobrado relevancia luego de que distintas organizaciones alertaran que la prohibición total podría consolidar un negocio multimillonario para grupos criminales. Diversos análisis estiman que en México circulan millones de dispositivos cada mes a través de redes informales, impulsadas por una demanda que persiste pese a las restricciones legales.
Mexvap insistió en que la experiencia internacional apunta hacia esquemas de regulación y control, en lugar de prohibiciones absolutas. La organización señaló que países como Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y España han optado por establecer reglas sobre venta, etiquetado, concentración de nicotina y acceso exclusivo para adultos, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y combatir el mercado ilegal.
Mientras tanto, en México continúa el debate entre autoridades sanitarias, que defienden la prohibición bajo criterios de salud pública, y organizaciones civiles que sostienen que la medida ha resultado insuficiente para frenar el consumo y, por el contrario, ha fortalecido un mercado clandestino cada vez más difícil de controlar.
Deja una respuesta