La diputada federal Margarita García García denunció presuntos actos de tortura, maltrato físico y violencia psicológica en diversos centros de rehabilitación para personas con adicciones, al tiempo que exigió a las autoridades reforzar la supervisión de estos espacios para evitar violaciones a los derechos humanos.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) alertó que miles de personas buscan cada año atención especializada para superar problemas de consumo de drogas y alcohol, pero en algunos casos terminan enfrentando condiciones indignas dentro de los llamados anexos.
De acuerdo con la diputada, en 2024 se registraron nueve mil 938 solicitudes de rehabilitación relacionadas principalmente con el consumo de marihuana, metanfetaminas, cocaína, tabaco y alcohol.
“Quiero decirles a los papás y a las mamás que revisen en qué centro de rehabilitación llevan a sus hijos, para evitar que sufran violencia física y psicológica”, señaló.
García García afirmó que existen denuncias sobre personas esposadas durante largos periodos, obligadas a permanecer de pie por varios días y sometidas a alimentación deficiente, prácticas que calificó como inaceptables.
Ante este panorama, recordó que recientemente se fortaleció el marco legal en materia de salud mental y adicciones mediante reformas a la Ley General de Salud, con el objetivo de garantizar tratamientos basados en el consentimiento informado, así como una mayor regulación y vigilancia de los centros residenciales privados.
Por ello, demandó a la Secretaría de Salud intensificar las inspecciones para impedir castigos, abusos y cualquier forma de tortura contra las personas que reciben tratamiento.
Condena ataque contra maestros de la CNTE en Mitla
En otro tema, la legisladora petista condenó la agresión registrada contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante una manifestación en el municipio de San Pablo Villa de Mitla.
La diputada señaló directamente al alcalde Esaú López Quero y cuestionó el uso de la fuerza para intentar desalojar una protesta.
“Un bloqueo no se quita a través de armas de fuego”, expresó.
Asimismo, pidió que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables, al considerar que la violencia no puede ser utilizada como mecanismo para resolver conflictos sociales.
García García sostuvo que las autoridades deben garantizar tanto el respeto a los derechos de quienes buscan rehabilitación por adicciones como la protección de la libre manifestación, y advirtió que ningún servidor público debe quedar impune ante posibles abusos de poder.
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