La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) presentó una iniciativa para reforzar la protección de los datos personales y sensibles de mujeres, niñas y adolescentes que denuncian hechos de violencia, con el propósito de evitar filtraciones, revictimización y riesgos adicionales para las víctimas.
La propuesta plantea reformas a diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer obligaciones específicas de confidencialidad y sancionar la exposición indebida de información personal durante denuncias, investigaciones o procesos judiciales.
El proyecto modifica los artículos 18, 30, 34 Ter y 34 Quáter para incorporar dentro del concepto de Violencia Institucional cualquier omisión relacionada con la protección, confidencialidad, resguardo o uso adecuado de los datos personales y sensibles de las mujeres cuando estos sean recabados por autoridades en procedimientos vinculados con hechos de violencia.
De acuerdo con la iniciativa, la filtración o manejo negligente de esta información puede derivar en la exposición de las víctimas, ponerlas nuevamente en riesgo y facilitar nuevas agresiones.
Filtraciones pueden facilitar agresiones y localización de víctimas
El documento, turnado a la Comisión de Igualdad de Género, advierte que cuando una mujer denuncia violencia comparte información altamente sensible sobre su vida personal, familiar y patrimonial.
Entre los datos que suelen quedar bajo resguardo institucional se encuentran domicilios, lugares de trabajo, información médica, antecedentes personales, relaciones familiares y afectivas, así como aspectos relacionados con su vida privada.
La iniciativa alerta que la difusión indebida de estos datos puede tener consecuencias graves.
“La exposición indebida, filtración o manejo negligente de información puede facilitar la localización por parte del agresor, propiciar actos de intimidación, hostigamiento o violencia adicional, o generar estigmatización social”, señala el proyecto.
Además, advierte que el riesgo aumenta en contextos donde los agresores tienen acceso a redes sociales, plataformas digitales o cercanía geográfica con las víctimas.
Protección de datos será parte de las órdenes de protección
La propuesta establece que el principio de confidencialidad deberá incluir expresamente la protección de los datos personales y sensibles de mujeres, niñas y adolescentes para impedir su exposición o divulgación indebida.
Asimismo, incorpora nuevas medidas de protección administrativa para garantizar el resguardo de la información de las víctimas desde el momento de la denuncia.
De igual forma, plantea que las órdenes de protección emitidas por autoridades jurisdiccionales contemplen mecanismos específicos para proteger los datos personales contenidos en expedientes físicos y electrónicos.
Con ello, se busca cerrar posibles brechas institucionales que permitan el acceso o difusión de información sensible durante los procesos judiciales.
Protección de datos, un derecho humano y no un trámite administrativo
La iniciativa sostiene que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y proteger sus derechos humanos bajo principios de igualdad sustantiva.
En ese sentido, subraya que la protección de datos personales no puede ser considerada únicamente una medida administrativa o documental.
“La protección de datos personales no representa un mero mecanismo administrativo de gestión documental, sino un derecho autónomo que protege la esfera íntima de las personas frente a tratamientos indebidos”, destaca el documento.
La legisladora argumenta que combatir la violencia contra las mujeres implica no sólo investigar y sancionar a los agresores, sino también proteger integralmente la identidad y la información de las víctimas para evitar nuevas formas de vulnerabilidad.
De aprobarse, la reforma obligaría a todas las autoridades involucradas en la atención, investigación y sanción de la violencia de género a reforzar los protocolos de confidencialidad y resguardo de datos personales, bajo el riesgo de incurrir en actos de violencia institucional.
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