La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma en materia judicial que aplaza la próxima elección de personas juzgadoras del año 2027 al primer domingo de junio de 2028, tras recibir el respaldo de 25 congresos estatales y de la Ciudad de México.
La declaratoria fue emitida por la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, quien informó que se cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 135 de la Constitución para validar reformas constitucionales.
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación”, señaló durante la sesión.
Previamente, la Secretaría de la Mesa Directiva informó que la reforma obtuvo 25 votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Elección judicial será en 2028
Entre los principales cambios, la reforma modifica la fecha de la siguiente elección judicial, originalmente prevista para 2027 y que coincidiría con el proceso electoral federal ordinario. Con los cambios constitucionales, la jornada se realizará el primer domingo de junio de 2028.
Asimismo, establece que el Senado de la República deberá emitir la convocatoria general para integrar el listado de candidaturas a más tardar el 30 de abril del año previo a la elección judicial correspondiente.
Crean Comisión Coordinadora para selección de candidatos
La reforma también crea una Comisión Coordinadora integrada por una persona representante de cada Comité de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Este órgano tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales de los aspirantes, homologar criterios de evaluación, diseñar metodologías y exámenes de conocimientos, además de emitir acuerdos que regulen el trabajo de los tres comités.
Los Comités de Evaluación deberán seleccionar a las personas mejor calificadas con base en conocimientos técnicos, trayectoria jurídica, honestidad, buena fama pública y antecedentes académicos y profesionales. Además, las listas preliminares de aspirantes se reducen de diez a cuatro candidatos por cargo.
Nuevas reglas para el INE y las boletas judiciales
La reforma ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) dividir los circuitos judiciales en los distritos necesarios para que la ciudadanía pueda elegir candidaturas por especialidad dentro de cada región.
Además, el organismo electoral deberá elaborar listados diferenciados por especialidad, género y Poder postulante. Las boletas electorales también identificarán claramente el origen de cada candidatura y señalarán, cuando corresponda, a las personas juzgadoras que busquen reelegirse.
La jornada electoral judicial se llevará a cabo en las mismas casillas e instalaciones donde se desarrollen las elecciones ordinarias federales o locales del año correspondiente.
Revocación de mandato coincidirá con elecciones
Otro de los cambios aprobados establece que la consulta de revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional presidencial y coincidirá con procesos electorales federales o locales, siempre que sea solicitada conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Constitución.
Cambios en la Corte y el Tribunal Electoral
La reforma también contempla la creación de dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya operación estará sujeta a la aprobación del Pleno.
Asimismo, las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones al entrar en vigor el decreto podrán competir por un nuevo periodo durante la elección judicial federal de 2028.
Con la declaratoria de constitucionalidad, la reforma concluyó su trámite legislativo y será enviada al Diario Oficial de la Federación para su promulgación y entrada en vigor.
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