La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto de reforma constitucional que incorpora una nueva causal de nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales del país.
Con la declaratoria de validez constitucional, la modificación al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será remitida al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y entrada en vigor.
Al emitir la declaratoria, la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que se cumplió con lo establecido en el artículo 135 constitucional, luego de contabilizarse los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México.
Previamente, la Secretaría de la Mesa Directiva informó que la reforma obtuvo el respaldo de 24 congresos locales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
La reforma adiciona un inciso d) a la Base VI del artículo 41 constitucional para establecer como causa de nulidad electoral los actos de intervención o injerencia extranjera que tengan incidencia en el resultado de una elección, fortaleciendo los mecanismos de protección de la soberanía nacional en los procesos democráticos.
El decreto también establece un plazo para la armonización legislativa. El Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas deberán adecuar sus marcos normativos conforme al nuevo mandato constitucional antes del 5 de junio de 2026.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los tribunales electorales estatales deberán revisar y ajustar sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar la aplicación efectiva de la nueva causal de nulidad.
Con esta reforma, el sistema electoral mexicano incorpora por primera vez de manera expresa la intervención extranjera como una conducta susceptible de invalidar una elección, una medida que busca blindar la integridad y la autonomía de los procesos democráticos del país.
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