El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) negó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con permisos especiales para ingresar a territorio estadounidense, como se había señalado en reportes periodísticos difundidos la semana pasada.
La aclaración surgió luego de que diversos medios retomaran una investigación publicada por Los Angeles Times y Puente News, según la cual ambos mandatarios habrían perdido sus visas estadounidenses, pero seguirían cruzando la frontera mediante una figura migratoria conocida como parole, un beneficio que suele concederse por razones humanitarias o de interés público significativo.
De acuerdo con la respuesta oficial del DHS a una solicitud de información citada por medios estadounidenses y mexicanos, “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido beneficiados con tal permiso”, descartando que ambos gobernadores cuenten con una autorización especial de ingreso.
La versión inicial indicaba que Estados Unidos investigaba a ambos políticos por presuntos vínculos con organizaciones criminales y que, pese a una eventual revocación de sus visas, podían ingresar al país bajo un esquema reservado para personas que colaboran con autoridades federales.
Tanto Durazo como Villarreal han rechazado públicamente las acusaciones. El mandatario tamaulipeco incluso mostró su visa ante medios de comunicación y aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre cancelación o restricción de ese documento.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó recientemente que el gobierno mexicano no ha recibido comunicación oficial de Washington sobre un eventual retiro de visas a los gobernadores señalados.
La polémica se mantiene abierta debido a que, mientras el DHS niega la existencia de permisos especiales de ingreso, continúan circulando reportes periodísticos que sostienen que ambos mandatarios son objeto de investigaciones federales en Estados Unidos y que sus visas habrían sido revocadas. Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido un pronunciamiento público sobre el estatus migratorio de los gobernadores o sobre las presuntas indagatorias en su contra.
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