Autoridades federales identificaron a una célula radical vinculada al Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa como la presunta responsable de la fabricación y traslado de los artefactos explosivos decomisados a estudiantes normalistas que se dirigían a movilizaciones en la capital del país.
De acuerdo con investigaciones de inteligencia, el grupo habría coordinado la elaboración de cientos de dispositivos explosivos improvisados que serían utilizados durante protestas en la Ciudad de México. El hallazgo se produjo el 8 de junio, cuando elementos de seguridad revisaron autobuses procedentes de Guerrero en la caseta de Tlalpan, donde fueron asegurados 59 artefactos de fabricación casera.
Las indagatorias señalan como uno de los principales operadores de la célula a Jesús G. E., conocido como “El Coquillo”, identificado como dirigente del Comité de Lucha de la normal rural y presunto responsable de coordinar la logística para la elaboración y distribución de los explosivos.
Reportes de inteligencia refieren que la organización habría ordenado fabricar hasta mil artefactos para distintas movilizaciones. Los dispositivos decomisados estaban elaborados con tubos de PVC, pólvora sellada con parafina y mecanismos de activación por fricción con detonación retardada, un diseño que especialistas consideran más sofisticado que los petardos comúnmente utilizados en manifestaciones.
Las autoridades también investigan la posible participación de actores externos al movimiento estudiantil. Entre los nombres que aparecen en las pesquisas figura Juan Miguel H. C., alias “El Padrino” o “El Mamado”, señalado por presuntamente influir en grupos radicales relacionados con Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República abrió líneas de investigación para determinar el origen de los explosivos, la ruta de financiamiento utilizada para su fabricación y traslado, así como la posible comisión de delitos relacionados con el uso de materiales explosivos en movilizaciones sociales.
El decomiso ocurrió en el marco de un operativo coordinado entre autoridades federales y capitalinas, luego de reportes sobre el posible traslado de artefactos que podrían poner en riesgo a manifestantes y población civil durante las protestas previstas en la Ciudad de México.
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