En su primera entrevista tras rendir protesta como embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri confirmó que el proceso de extradición solicitado por Washington contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios vinculados a Morena continúa en trámite, aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya solicitó al Departamento de Estado información y pruebas adicionales para sustentar las acusaciones.
El diplomático explicó que el procedimiento se mantiene activo dentro de los mecanismos bilaterales de cooperación judicial entre México y Estados Unidos. Señaló que ambas naciones intercambian información de manera permanente y que la administración federal se encuentra a la espera de una respuesta formal de las autoridades estadounidenses sobre la petición de evidencias complementarias.
“Es un proceso que está corriendo”, declaró Lazzeri al ser cuestionado sobre la solicitud promovida por la administración de Donald Trump para extraditar a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Lazzeri confirmó además que el gobierno mexicano ya pidió formalmente a Washington las pruebas que respalden la acusación. “Es una solicitud que ya se hizo”, respondió al ser interrogado sobre si México había requerido evidencias a las autoridades estadounidenses.
El caso se remonta al pasado 29 de abril, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores informó haber recibido una solicitud de detención con fines de extradición derivada de una acusación presentada ante una corte estadounidense contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el narcotráfico.
Desde entonces, el gobierno federal ha sostenido que no existen elementos suficientes para proceder de manera inmediata. La Fiscalía General de la República y la propia presidenta Sheinbaum han insistido en que Estados Unidos debe presentar pruebas contundentes antes de que México determine la viabilidad jurídica de cualquier extradición.
La confirmación de Lazzeri ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países por las investigaciones estadounidenses contra funcionarios mexicanos y por el debate sobre los alcances de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
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