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FGE de Tabasco pide 154 años de cárcel para Hernán Bermúdez Requena por secuestro, extorsión y asociación delictuosa

El exsecretario de Seguridad estatal, ya procesado por delincuencia organizada, enfrenta nuevas imputaciones; la Fiscalía fortalece el caso con pruebas rumbo a juicio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco solicitó una condena acumulada de 154 años de prisión contra Hernán N, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad, al considerarlo presunto responsable de los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.

Durante la audiencia intermedia celebrada este lunes, el Ministerio Público formalizó la petición de pena ante el juez de la causa, al presentar un paquete probatorio integrado por 40 carpetas de investigación con evidencia documental y testimonial que, según la Fiscalía, vincula al exfuncionario con delitos de alto impacto.

De acuerdo con la acusación, la FGE solicitó 100 años de prisión por secuestro agravado, 30 años por extorsión agravada y 24 años por asociación delictuosa, para un total de 154 años de cárcel. Además, pidió multas económicas e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La audiencia, que originalmente estaba programada para el pasado 1 de junio, fue aplazada a petición de la defensa. Hernán N participó de manera remota desde el penal federal de El Altiplano, en el Estado de México, donde permanece bajo prisión preventiva.

El caso es uno de los más relevantes en la historia reciente de Tabasco debido a que el exfuncionario encabezó la Secretaría de Seguridad estatal durante las administraciones de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llevar el proceso a juicio oral y obtener una sentencia condenatoria.

Además de las penas de prisión, la representación social solicitó la reparación del daño a favor de una de las víctimas, así como sanciones económicas derivadas de los delitos imputados.

La resolución final quedará en manos de la autoridad judicial una vez concluidas las etapas procesales pendientes del caso.

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