Ante los riesgos que enfrentan jueces y magistrados por la creciente presión del crimen organizado, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mary Carmen Bernal Martínez, propuso una reforma constitucional para permitir medidas extraordinarias de protección, incluida la reserva temporal de la identidad de las personas juzgadoras que conozcan asuntos relacionados con delincuencia organizada y delitos de alto impacto.
La iniciativa plantea modificar el artículo 94 de la Constitución Política para dotar al Poder Judicial de la Federación de mecanismos institucionales de seguridad que garanticen la integridad física, independencia y libertad de actuación de quienes imparten justicia en casos considerados de alto riesgo.
El proyecto, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que en situaciones excepcionales y plenamente justificadas la legislación podrá contemplar medidas especiales, como la protección de la identidad pública de jueces y magistrados durante el desarrollo de los procesos judiciales, además del uso de tecnología y protocolos específicos de seguridad.
La legisladora argumentó que la delincuencia organizada se ha convertido en una de las principales amenazas para las instituciones del Estado debido a su capacidad económica, operativa y armamentística, lo que le permite ejercer presión sobre distintos actores del sistema de justicia.
En la exposición de motivos se advierte que organizaciones criminales han recurrido a la intimidación, amenazas y actos de violencia contra fiscales, policías de investigación, peritos y personas juzgadoras, con el propósito de influir en procesos judiciales que afectan sus intereses.
“La seguridad e integridad de las personas juzgadoras es un elemento indispensable para preservar la independencia judicial”, sostiene la propuesta.
Bernal Martínez señala que cuando los jueces enfrentan riesgos graves para su vida o la de sus familias, el Estado tiene la obligación de proporcionarles condiciones adecuadas para desempeñar su labor sin temor a represalias.
La iniciativa destaca que las resoluciones judiciales relacionadas con estructuras criminales suelen generar escenarios de alta vulnerabilidad para quienes las emiten, por lo que resulta necesario fortalecer los mecanismos de protección institucional.
La diputada petista subrayó que el objetivo de la reforma no es restringir derechos procesales ni afectar la transparencia judicial, sino garantizar que las decisiones de los tribunales se dicten con plena autonomía y libres de cualquier tipo de presión externa.
De aprobarse, la modificación constitucional abriría la puerta para que futuras leyes reglamentarias establezcan esquemas de seguridad reforzada para juzgadores, en un contexto marcado por la expansión de la violencia y la capacidad de intimidación de los grupos criminales en distintas regiones del país.
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