Diputadas y diputados de Morena llamaron a colocar la agenda indígena en el centro de la discusión legislativa y acelerar una reforma electoral que garantice la participación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas desde una perspectiva intercultural, al advertir que persisten vacíos legales que permiten la simulación de candidaturas de cara a las elecciones de 2027.
Durante el foro «Construyendo la democracia sin discriminación. Los pueblos como sujetos de derechos políticos en el ámbito electoral», organizado por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez, legisladores y especialistas coincidieron en la urgencia de adecuar el marco jurídico para hacer efectivos los derechos político-electorales reconocidos en la reforma constitucional de 2024.
Al inaugurar el encuentro, Vázquez Vázquez afirmó que la democracia mexicana enfrenta nuevos retos derivados del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que consideró indispensable fortalecer el diálogo intercultural y actualizar la legislación electoral.
«La actual democracia mexicana plantea nuevos problemas, exigencias y retos, y necesita de más diálogos interculturales, sobre todo en el contexto de la reforma constitucional indígena de 2024», señaló.
El legislador recordó que, aunque la Constitución reconoce el carácter pluricultural del país y diversos derechos de los pueblos originarios, aún existen obstáculos para que estos se ejerzan plenamente, entre ellos la posibilidad de elegir representantes desde sus propias asambleas comunitarias.
Asimismo, citó el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama contra Nicaragua, el cual establece la obligación de garantizar que las comunidades indígenas puedan postular candidaturas mediante sus propias formas de organización y no exclusivamente a través de partidos políticos.
Vázquez Vázquez alertó que, rumbo a los comicios de 2027, las comunidades indígenas y afromexicanas enfrentan un vacío legal que favorece la usurpación de identidades para acceder a candidaturas reservadas.
«No hay reglas claras, no hay piso parejo; los no indígenas se hacen pasar por indígenas porque, a falta de ley, cualquiera se infiltra», advirtió.
Indicó que el propósito del foro es construir propuestas que posteriormente sean discutidas directamente con las comunidades para elaborar un resolutivo que sirva de base para futuras reformas.
Por su parte, la diputada Karla Patricia Sánchez Rodelo sostuvo que la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público representa un avance histórico, aunque sus efectos todavía no se reflejan plenamente en el sistema electoral.
Reconoció los avances impulsados por el Instituto Nacional Electoral mediante consultas, redistritaciones y acciones afirmativas, pero sostuvo que aún persisten barreras estructurales por la ausencia de una ley reglamentaria que garantice una participación intercultural efectiva.
La legisladora también propuso ampliar las acciones afirmativas para las elecciones de 2027 y criticó que los partidos políticos continúen excluyendo a las juventudes indígenas de los espacios de representación.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, denunció que la falta de reglas más estrictas ha permitido la simulación en la asignación de candidaturas indígenas y afromexicanas.
«Hoy vemos a mujeres de ojos verdes, rubias, que representan a las comunidades afromexicanas; vemos acreditaciones de mestizos que no tienen nada que ver con su comunidad y que tampoco hablan la lengua original representando a comunidades y pueblos indígenas», afirmó.
Explicó que Morena buscó corregir estas irregularidades mediante la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque reconoció que ese apartado no prosperó durante la discusión legislativa.
No obstante, consideró que aún existen alternativas para fortalecer las acciones afirmativas mediante reformas legales, acuerdos entre partidos y resoluciones de las autoridades electorales, con el fin de garantizar una representación auténtica de los pueblos originarios.
En tanto, la diputada Gloria Sánchez López subrayó que las acciones afirmativas deben conservar su propósito original de asegurar una representación real de los pueblos indígenas y planteó fortalecer mecanismos como la autoadscripción calificada para evitar la simulación.
Añadió que, de acuerdo con datos del Inegi, más del 20 por ciento de la población mexicana se autoadscribe como indígena, porcentaje que equivaldría aproximadamente a un centenar de diputadas y diputados indígenas en la Cámara de Diputados, cifra que dista de la representación actual.
Finalmente, Juan Guillermo Casillas Guevara, representante del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que la reforma constitucional de 2024 constituye un punto de inflexión para la democracia mexicana al reconocer a los pueblos indígenas como interlocutores constitucionales directos.
Sostuvo que este nuevo marco obliga a transformar el sistema de derechos político-electorales, reconociendo no sólo el derecho al voto y a las candidaturas, sino también la libre determinación, la consulta previa, la elección de autoridades conforme a sus sistemas normativos y la participación de los pueblos indígenas en el diseño de las reglas electorales. Además, señaló que será necesario revisar las acciones afirmativas y los criterios de autoadscripción desde una perspectiva intercultural para garantizar una representación efectiva y respetuosa de la autonomía de las comunidades.
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