La diputada Gissel Santander Soto presentó una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de hacer obligatoria la protección de niñas, niños y adolescentes durante detenciones, cateos y demás actuaciones ministeriales, policiales o judiciales, bajo el principio del interés superior de la niñez.
La propuesta plantea modificar los artículos 10 y 132, además de adicionar un artículo 266 Bis, para establecer que todas las autoridades involucradas en procedimientos penales deberán adoptar medidas que garanticen la integridad física, psicológica y emocional de los menores cuando se encuentren presentes durante un operativo.
Entre las nuevas obligaciones para las corporaciones policiales destaca la identificación inmediata de niñas, niños o adolescentes en el lugar de los hechos o durante la ejecución de una detención, así como minimizar el uso de la fuerza, la visibilidad de armas y cualquier táctica intimidatoria.
Además, se propone que, siempre que las condiciones del operativo lo permitan, las detenciones se realicen fuera del campo visual del menor, se evite separarlo de su figura cuidadora —salvo que exista un riesgo real e inminente para su integridad— y se solicite la intervención inmediata de servicios de protección y asistencia cuando el menor resulte afectado o se encuentre en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa también establece que, al detectar la presencia de un menor, la autoridad deberá resguardarlo en un espacio seguro y libre de violencia, impedir que sea expuesto al uso de la fuerza, armas o lenguaje intimidatorio, procurar que no tenga contacto visual con la persona detenida, garantizar atención psicológica inmediata si presenta afectaciones emocionales y permitir que permanezca con su tutor o figura cuidadora.
“En México persiste un vacío operativo y procesal sobre la actuación de las autoridades durante detenciones, cateos y actos de investigación cuando en el lugar se encuentran menores”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.
El documento advierte que esta ausencia de protocolos ha provocado que miles de niñas y niños sean expuestos directamente a escenas de violencia institucional, irrupciones domiciliarias, forcejeos, gritos y detenciones de familiares, sin mecanismos inmediatos de protección física o emocional.
Asimismo, cita información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, según la cual la exposición reiterada de menores a hechos traumáticos relacionados con violencia institucional puede generar ansiedad crónica, trastorno de estrés postraumático, alteraciones del sueño, regresiones conductuales y desconfianza hacia las instituciones públicas.
“La exposición reiterada de niñas y niños a eventos traumáticos vinculados con violencia institucional puede producir afectaciones severas como ansiedad crónica, trastorno de estrés postraumático, alteraciones del sueño, regresiones conductuales y desconfianza hacia las instituciones públicas”, refiere la iniciativa con base en datos de UNICEF.
El proyecto también retoma observaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que ha documentado casos de menores presentes durante operativos policiales realizados sin protocolos adecuados de protección y ha advertido que las actuaciones policiales en contextos familiares continúan desarrollándose sin perspectiva de infancia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, donde será analizada. De aprobarse, busca fortalecer la profesionalización policial, armonizar el sistema penal mexicano con los estándares internacionales de derechos humanos y consolidar un modelo de justicia penal con enfoque preventivo y de protección integral para la niñez.
