El diputado José Guillermo Anaya Llamas presentó una iniciativa para garantizar que el Estado proteja el derecho de niñas, niños y adolescentes a la salud mental mediante servicios integrales, gratuitos, accesibles y oportunos, con un enfoque preventivo, comunitario y de derechos humanos.
La propuesta plantea reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer la obligación de promover, prevenir, atender y brindar tratamiento integral en materia de salud mental, así como desarrollar actividades educativas, socioculturales y recreativas permanentes que fortalezcan el bienestar emocional y prevengan las adicciones, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
En la exposición de motivos, el legislador sostiene que “el objetivo es la atención integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes y garantizarles el acceso universal, gratuito, oportuno y especializado”.
La iniciativa también contempla la difusión de información para promover la salud mental, prevenir trastornos mentales y adicciones, así como campañas para combatir el estigma y la discriminación que enfrentan quienes requieren atención psicológica o psiquiátrica.
Asimismo, propone fortalecer la red de servicios del Sistema Nacional de Salud mediante la implementación estratégica de unidades de atención en salud mental y adicciones, impulsar la investigación multidisciplinaria, establecer mecanismos de supervisión con participación de observadores de derechos humanos y desarrollar programas que garanticen el respeto a los derechos humanos en los establecimientos de salud.
El proyecto incorpora la detección temprana de grupos en riesgo de padecer trastornos mentales o adicciones, la creación de equipos especializados de respuesta inmediata para atender crisis y la capacitación permanente del personal del Sistema Nacional de Salud en materia de salud mental.
En el ámbito educativo, la reforma establece que la educación deberá garantizar el acceso efectivo a servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes, priorizando acciones de prevención, atención temprana y continuidad terapéutica.
El documento argumenta que estas medidas permitirán “reducir la mortalidad por suicidios, mejorar el desempeño escolar, disminuir la violencia, fortalecer la cohesión social, cumplir con compromisos internacionales y generar ahorros presupuestales de mediano y largo plazos mediante la detección temprana, atención psicológica gratuita, intervención en crisis, acompañamiento continuo y obligación de actuación interinstitucional”.
La iniciativa adiciona la fracción XXI al artículo 13 y el artículo 50 Bis, además de reformar la fracción II del artículo 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El proyecto fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictamen.
