Diputadas, diputados, representantes de pueblos indígenas y especialistas coincidieron en que la reforma al artículo 2º de la Constitución, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, debe traducirse en legislación secundaria y reglas electorales que garanticen una representación política auténtica y efectiva de cara al proceso electoral de 2027.
Durante la clausura del foro “Construyendo una democracia sin discriminación. Los pueblos como sujetos de derechos políticos en el ámbito electoral”, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) sostuvo que la democratización del país pasa por fortalecer la representación indígena y convertir en leyes las propuestas surgidas de los espacios de diálogo.
Advirtió que aún existen pendientes legislativos fundamentales, como la expedición de una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y una Ley General de Consulta, por lo que llamó a aprovechar las consultas que se realizarán para reglamentar la reforma constitucional.
El legislador aseguró que la presencia indígena en el Congreso sigue siendo insuficiente, pese a que el 23.2 por ciento de la población mexicana se autoadscribe como indígena.
“Tendría que haber 100 legisladores mínimamente aquí de los 500 que somos; sin embargo, no lo hay”.
Además, lamentó que algunos representantes que llegaron mediante acciones afirmativas no impulsen la agenda de los pueblos originarios.
“Tenemos que llegar a hacer propuestas, seguir luchando para posicionar nuestros temas”.
Vázquez Vázquez convocó a construir consensos entre comunidades, especialistas y autoridades, además de llevar las demandas a la Presidencia de la República y a los gobiernos estatales para consolidar una participación política efectiva.
Por su parte, la diputada María del Carmen Nava García (PVEM) defendió las acciones afirmativas como instrumentos para reducir desigualdades históricas y no como privilegios.
“Las acciones afirmativas son mecanismos y medidas de nivelación que no buscan favorecer a ninguna persona, sino cerrar esas brechas de desigualdad que históricamente existen”, subrayó.
En tanto, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), originaria de la Sierra Mixe de Oaxaca, afirmó que llegó a San Lázaro gracias a una acción afirmativa, pero advirtió que estos mecanismos no pueden convertirse en una simulación para cumplir requisitos electorales.
“No me voy a quedar callada porque necesitamos levantar la voz para que peleen por nuestras garantías y nuestros derechos”.
La legisladora denunció que incluso dentro del Poder Legislativo persisten prácticas de exclusión contra representantes indígenas y reveló que no fue convocada a las mesas técnicas para elaborar la Ley General derivada de la reforma al artículo 2º constitucional.
Asimismo, exigió fortalecer las acciones afirmativas rumbo a las elecciones de 2027 para evitar que los partidos políticos continúen postulando personas indígenas únicamente para cumplir con la normatividad.
“Que no nos sigan utilizando en las siguientes elecciones del 2027; si nos van a poner en la lista plurinominal, que sea en lugares donde realmente podamos llegar”.
A su vez, Griselda Galicia García, representante de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones Indígenas de México (COPIM), señaló que la reforma constitucional dejó pendientes fundamentales para garantizar los derechos político-electorales de los pueblos indígenas.
Cuestionó cuántas gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos serán realmente ocupados por representantes indígenas en 2027 y si su elección responderá a sus sistemas normativos o continuará dependiendo de las cuotas partidistas.
También consideró indispensable que las acciones afirmativas dejen de depender de decisiones administrativas o de la voluntad política y queden plenamente garantizadas en la Constitución para asegurar una representación efectiva.
Finalmente, Eduardo Walsh, gerente de Proyectos de la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung México, pidió que las conclusiones del foro sean incorporadas a la legislación secundaria y a las reformas electorales.
Advirtió que es necesario erradicar las prácticas de representación fraudulenta y convertir el reconocimiento constitucional en mecanismos efectivos que garanticen una representación auténtica de los pueblos indígenas y afromexicanos.
“La reciente reforma constitucional representa un avance histórico, pero los derechos reconocidos deben traducirse en herramientas que aseguren una participación política efectiva y eviten que los cambios queden únicamente en buenas intenciones”, concluyó.
