La decisión de establecer revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) generó un choque de posturas entre diputados federales, luego de que legisladores del PAN y PRI advirtieran que México llegará en una posición de debilidad a las negociaciones con Estados Unidos, mientras Morena aseguró que el acuerdo comercial permanece vigente y descartó que exista un riesgo para su continuidad.
El diputado del PAN, Marcelo Torres Cofiño, sostuvo que el Gobierno de México enfrentará la revisión del acuerdo en condiciones desfavorables, al considerar que el contexto de seguridad y los señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado reducirán el margen de negociación del país.
«México está atado de manos y por eso va a tener que ceder ante las condiciones que ponga sobre la mesa Estados Unidos», declaró durante la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República.
El legislador panista afirmó que una revisión anual del tratado podría traducirse en afectaciones para la economía mexicana, con consecuencias sobre el empleo, la inversión y la permanencia de pequeñas y medianas empresas, al señalar que la inseguridad, la extorsión y el robo al transporte de carga continúan afectando la actividad económica.
Asimismo, calificó como una confrontación la respuesta del Gobierno de México a los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre recursos ilícitos y actores políticos de Morena, y cuestionó que la administración federal rechace dichas acusaciones.
Por separado, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, calificó como «un fracaso» para el Gobierno de México que Estados Unidos no respaldara una extensión automática del T-MEC por otros 16 años y, en cambio, se mantenga un esquema de revisiones periódicas.
Afirmó que este mecanismo generará incertidumbre para las empresas y provocará negociaciones constantes que podrían afectar la inversión y el comercio bilateral, además de atribuir el escenario actual a la política de seguridad y de relaciones internacionales implementada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Moreira también consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum debe fortalecer el Estado de derecho, reconstruir la confianza de los inversionistas y replantear la estrategia de seguridad para mejorar la relación con Estados Unidos.
Morena defiende vigencia del tratado
En contraste, el diputado de Morena y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC, Pedro Haces Barba, sostuvo que el tratado permanece vigente hasta 2036 y subrayó que ninguno de los tres países ha iniciado el procedimiento para abandonarlo.
Explicó que el acuerdo establece que cualquier país que decida retirarse debe notificarlo con seis meses de anticipación, situación que, dijo, no ha ocurrido.
Reconoció que México y Canadá buscaban ampliar la vigencia del tratado, pero consideró positivo que Estados Unidos permanezca en la mesa de negociación.
Haces Barba destacó además el trabajo realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y adelantó que el próximo 20 de julio se realizará en la Ciudad de México una reunión entre los responsables de Economía de los tres países para continuar con las negociaciones.
A su vez, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, afirmó que las revisiones anuales no significan el fin del T-MEC, sino un mecanismo para evaluar el funcionamiento de las cadenas de suministro y la integración productiva de Norteamérica.
Añadió que una eventual imposición de aranceles afectaría por igual a México, Estados Unidos y Canadá, particularmente en sectores como el automotriz, debido a la alta integración económica de la región.
Respecto a los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense sobre presuntos vínculos entre recursos provenientes del llamado «huachicol fiscal» y campañas políticas, Ávila sostuvo que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y recordó que las autoridades mexicanas han iniciado investigaciones cuando existen elementos suficientes.
En el mismo sentido, el diputado Gabriel García Hernández señaló que, mientras no exista una denuncia formal o un procedimiento judicial, las acusaciones permanecen en el terreno de la especulación, mientras que la legisladora Magdalena Rosales Cruz afirmó que Morena ha impulsado reformas para impedir el uso de recursos ilícitos en procesos electorales y acusó la existencia de una narrativa orientada a desacreditar al partido sin pruebas.
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