La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de 27 personas presuntamente involucradas en una red de «aviadores» que habría provocado un daño al erario superior a 96 millones de pesos, mediante la asignación irregular de plazas docentes y el cobro de salarios por personas que nunca desempeñaron las funciones para las que fueron contratadas.
De acuerdo con las investigaciones, el esquema operó al menos desde 2021 y se sostuvo mediante la incorporación irregular de trabajadores a la nómina del gobierno estatal, principalmente en áreas relacionadas con Educación, Finanzas, Seguridad, la Oficialía Mayor y la actual Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
La Fiscalía señaló que, de los 33 investigados, 27 fueron detenidos y permanecen bajo prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez; otro imputado está pendiente de que se resuelva su situación jurídica y cinco promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión. Asimismo, un juez vinculó a proceso a 26 de los acusados por los delitos de fraude y abuso de autoridad.
Las indagatorias revelan que la organización daba de alta a familiares y conocidos como supuestos docentes, aunque éstos nunca acudían a laborar. Las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios eran controladas por operadores de la red, quienes retiraban el dinero y distribuían la mayor parte de los recursos entre los integrantes del grupo.
Según la carpeta de investigación, algunos de los llamados «falsos docentes» recibían apenas seis mil pesos por prestar su identidad, mientras que los operadores se quedaban con la mayor parte del dinero correspondiente a sueldos que, en algunos casos, alcanzaban los 200 mil pesos.
La FGJEM también documentó que varios de los presuntos responsables mantenían un nivel de vida que no correspondía con sus ingresos como servidores públicos. Entre las evidencias se encuentran viajes a París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto e Islas del Caribe, además de la adquisición de vehículos de lujo, accesorios exclusivos e inmuebles de alta plusvalía.
La investigación comenzó tras denuncias presentadas por el Gobierno del Estado de México, luego de detectar 459 altas irregulares de personal docente. La Fiscalía estima que únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026 el desfalco acreditado supera los 96 millones de pesos, aunque la cifra podría incrementarse conforme avance la integración del expediente, que ya suma alrededor de 30 tomos y 12 mil fojas de pruebas.
Entre los principales señalados figuran exsubsecretarios, directores generales, delegados administrativos, subdirectores, capturistas y particulares que, presuntamente, participaron en la operación de una estructura de corrupción que utilizó plazas docentes para desviar recursos públicos durante varios años.
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