La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó este viernes que los restos humanos localizados el pasado 29 de junio en un rancho ubicado entre los municipios de Moloacán e Ixhuatlán del Sureste corresponden a la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital por un grupo armado.
La dependencia informó que la identificación fue posible tras concluir los dictámenes periciales y forenses, incluidos estudios científicos que confirmaron la identidad de la comunicadora. Con ello, la carpeta de investigación continúa bajo el delito de homicidio doloso calificado.
En un comunicado, la Fiscalía señaló que los resultados de los análisis fortalecen las líneas de investigación y las acciones encaminadas al esclarecimiento del crimen.
Los restos fueron localizados durante un cateo realizado en un predio del sur de Veracruz, donde las autoridades mantenían diligencias derivadas de las investigaciones por la desaparición de la periodista. Inicialmente, las piezas óseas fueron sometidas a pruebas de ADN antes de que este viernes se confirmara oficialmente su identidad.
Como parte de las investigaciones, las autoridades han ejecutado ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de una organización criminal y exelementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, señalados por su probable participación en el secuestro y asesinato de la comunicadora. Entre los detenidos figura Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, identificado como uno de los presuntos autores materiales del plagio.
Roxana Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada la mañana del 2 de junio por un comando armado que irrumpió en su vivienda en Nanchital. El hecho quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales y motivó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la investigación a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Con la confirmación de su muerte, organizaciones defensoras de la libertad de expresión han reiterado el llamado para que el caso sea esclarecido y se sancione a todos los responsables, en un estado considerado entre los más peligrosos del país para ejercer el periodismo.
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