Un expediente integrado por denuncias presentadas ante autoridades federales señala al empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya como presunto líder de una red empresarial que habría utilizado compañías fachada, prestanombres y sociedades constituidas en Texas para lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y productos petroquímicos provenientes de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con la investigación en curso, consultada por Reporte Índigo, la presunta organización habría generado beneficios económicos superiores a mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, mediante un esquema que combinó facturación simulada, triangulación de recursos y operaciones comerciales entre empresas vinculadas.
Los documentos revisados incluyen cientos de comprobantes fiscales, relaciones societarias y registros financieros que, según los denunciantes, describen la operación del denominado Grupo GESA, encabezado presuntamente por Sánchez Zumaya, quien actualmente busca la candidatura del PT al gobierno de San Luis Potosí, luego de que Morena rechazara su registro.
Red de facturación multimillonaria
Uno de los principales mecanismos descritos en las denuncias consiste en la utilización de al menos 15 personas físicas, entre familiares, medios hermanos y personas cercanas al empresario, para emitir comprobantes fiscales por montos multimillonarios relacionados con la venta y maquila de productos químicos especializados.
El expediente sostiene que entre 2022 y 2024 este grupo habría facturado más de 15 mil millones de pesos, pese a que los involucrados carecían, presuntamente, de infraestructura industrial, patrimonio o capacidad económica para desarrollar esas actividades.
Entre los casos señalados figura un joven de 24 años que habría expedido facturas por mil 800 millones de pesos sin reportar gastos durante el mismo periodo, así como otro de 25 años que habría emitido comprobantes por más de mil 200 millones de pesos con gastos registrados por apenas 46 mil pesos.
Las denuncias sostienen que la dispersión de recursos entre múltiples personas físicas y empresas buscaba dificultar el rastreo del dinero mediante diversas capas de facturación.
Empresas ligadas al Grupo GESA
El expediente menciona como parte del esquema a sociedades como Petrogesa, Ban GESA, Químicos Industriales Sazu, Edjora, Industrias GESA del Sureste y Safnat, las cuales habrían realizado operaciones entre sí antes de transferir la facturación a un segundo bloque de empresas ubicadas principalmente en Nuevo León y Coahuila.
En esa etapa, los conceptos cambiaban de la comercialización de productos químicos a supuestos servicios profesionales de ingeniería y telemetría, estrategia que, según los denunciantes, permitía perder el rastro del origen de los recursos.
Presunta operación dentro de instalaciones de Pemex
La investigación sostiene además que la organización habría ingresado a instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia.
Desde esos complejos, según las denuncias, presuntamente se extraían derivados del petróleo como nafta, crudo y productos petroquímicos sin registros oficiales de ingreso o salida ni contratos que justificaran la presencia de particulares.
De confirmarse estos hechos, el caso rebasaría el robo tradicional de combustibles al implicar una presunta infiltración logística dentro de instalaciones estratégicas del Estado mexicano, acompañada de un esquema fiscal diseñado para dar apariencia de legalidad a los productos comercializados.
Texas, el último eslabón financiero
El expediente también describe una presunta ruta internacional del dinero.
Según la documentación consultada, las operaciones eran canalizadas hacia empresas relacionadas con el empresario Salvador Vigil Jordán, establecidas en Nuevo León y Coahuila, para posteriormente llegar a cuatro compañías registradas en Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC.
Las denuncias sostienen que estas sociedades habrían recibido operaciones por más de mil 100 millones de dólares, monto identificado como el beneficio económico generado por la presunta red entre 2019 y 2024.
Uno de los casos destacados es Smart Logistics Commerce LLC, cuyo domicilio registrado corresponde, según el expediente, a un inmueble ubicado en una zona habitacional de San Antonio, Texas, sin características propias de una empresa dedicada al comercio internacional o actividades industriales, circunstancia que los denunciantes consideran un posible indicio de empresa fachada.
Aspiración política en medio de las investigaciones
Los nuevos señalamientos amplían el alcance de las acusaciones previamente conocidas contra Gerardo Sánchez Zumaya, quien recientemente buscó participar en el proceso interno de Morena para la gubernatura de San Luis Potosí, pero cuyo registro fue rechazado.
Horas después, el Partido del Trabajo recibió su inscripción como aspirante, lo que reconfiguró el escenario político rumbo a la elección de 2027.
El empresario ha rechazado reiteradamente las acusaciones y sostiene que existe una campaña política en su contra. Asimismo, ha defendido la legalidad de sus actividades y ha negado cualquier participación en operaciones ilícitas relacionadas con Pemex.
Antecedentes sin resolución judicial
Las denuncias presentadas en 2024 contra Sánchez Zumaya por presuntos delitos relacionados con extracción ilegal de hidrocarburos, lavado de dinero y facturación simulada derivaron en dos carpetas de investigación que fueron cerradas por la Fiscalía General de la República mediante el no ejercicio de la acción penal, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados.
No obstante, los documentos revisados por Reporte Índigo forman parte de nuevas denuncias que vuelven a vincular al empresario con una presunta estructura de extracción y comercialización ilícita de hidrocarburos, señalamientos cuya veracidad y eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes conforme avancen las investigaciones y, en su caso, por los tribunales correspondientes.
Con información de Reporte índigo.
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